La era de las telecomunicaciones ha llenado de antenas el paisaje urbano. Solo en la capital, las asociaciones dicen que hay más de 5.000. Sus riesgos, advertidos por algunos científicos, son una realidad para 150.000 madrileños sensibles a las radiaciones, que se enfentan, además, a leyes laxas y al poder de las compañías.
Durante años, médicos y jueces le denegaron la incapacidad laboral a pesar de reconocer la gravedad de sus dolencias. Sin embargo, hace unas semanas
Minerva Palomar obtuvo la
primera sentencia favorable en España hacia su causa: el reconocimiento de la hipersensibilidad electromagnética producida por redes de telecomunicación sin cables o líneas de alta tensión.
“Es una sentencia pionera porque por primera vez se menciona esta enfermedad que aquí ni siquiera se considera una discapacidad”, asegura. Minerva
sufre fibromialgia y fatiga crónica, dos consecuencias del síndrome de electrohipersensibilidad. En su puesto de trabajo como conserje de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, la activista estaba expuesta a la radiación de móviles, de puntos wifi y de la estación de antenas de Moncloa. Ahora, le han reconocido una pensión de por vida. “Dejé de poder trabajar con normalidad”, asegura Palomar.
Ella forma parte de una masa de afectados que agrupa
del uno al tres por ciento de la población, según datos de las asociaciones. Estas personas se encuentran “en una situación de desprotección sanitaria, social, familiar, judicial y económica”, según denuncia la Asociación de Afectados por los Síndromes de Sensibilidad Química Múltiple, Fatiga Crónica, Fibromialgia y para la Defensa de la Salud Ambiental (
ASQUIFYDE).
Los síntomas
Visión borrosa, vómitos, desvanecimientos, taquicardias, insomnio, confusión mental o depresiones son algunos de los síntomas que estos enfermos pueden llegar a padecer en las grandes ciudades. “En mi caso,
tardaron años en identificar el trastorno”, recuerda Palomar. Aunque en España puede haber más de un millón de personas que sufran en mayor o menor grado el síndrome de hipersensibilidad, solo existe un centro especializado en enfermedades derivadas de la polución ambiental, y está en Brunete.
En su día a día, los enfermos crónicos deben cubrirse de ropa, protegerse la cabeza con una malla metálica y planificar sus salidas para sortear las zonas de alta radiación. Sin embargo, el lugar de trabajo “muchas veces no se puede elegir y
se convierte en una tortura”, señala la activista.
“La Seguridad Social recurre todas las sentencias que pierde, por lo que
puede que tenga que volver a mi puesto de trabajo. No tengo otro medio de vida", dice Palomar. Los portavoces de los afectados recogen su preocupación y denuncian que en muchos casos "estas personas pierden todos sus recursos sin ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado”.
Limitar las radiaciones
Yolanda Barbazán pertenece a la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, un movimiento que agrupa a enfermos, padres de alumnos, vecinos y ecologistas preocupados por la incidencia de las radiaciones de antenas y otras instalaciones en la salud de los ciudadanos. “Ejercemos
presión sobre las administraciones públicas para que cumplan con lo que la Agencia Europea del Medio Ambiente recoge”, señala.
A la luz de varias investigaciones, Barbazán recuerda que ya en 2007 ese organismo consideró “prudente” que las ciudades europeas limitaran los niveles de exposición a estas radiaciones para evitar “sus efectos a largo plazo”. El pasado mes de mayo, el Consejo de Europa pidió directamente rebajar las radiaciones “al nivel más bajo dentro de lo razonablemente posible”, y recomendó
“proteger a las personas electrosensibles e incluir en los planes urbanísticos distancias de seguridad”.
Todo está por hacer. En España se encuentran en tramitación parlamentaria dos leyes relacionadas con este tema tan industrial como sanitario y ambiental. La plataforma de afectados ha presentado enmiendas a la Ley de Salud Pública y a la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones “para que los grupos políticos
no piensen solo en la industria”, comenta Barbazán. El adelanto electoral puede, no obstante, liquidar estos proyectos y, con ello, sus aspiraciones.
"Madrid es el caos"
“Municipios y comunidades también pueden legislar y son igualmente responsables”, recuerda Barbazán. La ciudad de Madrid “ha cambiado una legislación sobre antenas que solo hablaba del impacto visual por otra que favorece directamente los intereses de las operadoras”, asegura. En la Ordenanza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de las Tecnologías relacionadas,
aprobada hace poco más de un año, no hay ninguna referencia al término “radiación”.
Para el abogado vallisoletano
Agustín Bocos, experto en este tema, “la situación en Madrid es caótica, sin normas protectoras, sin control de las emisiones y con infinidad de
instalaciones clandestinas”. Según sus palabras, “la actual ordenanza tan solo regula los aspectos urbanísticos y paisajísticos de las instalaciones de telecomunicaciones”. Las multas previstas para las compañías infractoras no pasan de los
3.000 euros.
El texto mencionado dio un año de plazo al Ayuntamiento de Madrid para crear un Inventario Especial de Instalaciones Transmisoras de Telecomunicación. Este mapa pretendía registrar “
todas las antenas transmisoras existentes en la ciudad” en el que se debían inscribir “por defecto” todas las nuevas instalaciones. El plazo ha expirado y el Consistorio no ha hecho público ningún registro como sí existe en otras comunidades como la valenciana. Este digital ha intentado sin éxito hablar con el Ayuntamiento de Madrid para preguntar los motivos del retraso.
Leganés y las grandes compañías
Leganés representa el caso opuesto. La Federación Local de Asociaciones de Vecinos consiguió tras un año de colaboración que el Consistorio aprobara a finales de 2009
una ordenanza pionera a nivel nacional. El texto regula los niveles máximos y organiza la puesta en marcha de una comisión de seguimiento con representantes de todos los intereses para evaluar “los resultados de un software de medición de radiaciones instalado en puntos receptores”, según explica
Ángel Sánchez, miembro de la entidad vecinal.
La ordenanza, copiada por varios ayuntamientos, sitúa “la salud pública como objetivo principal”, critica lo “obsoleto de la legislación actual” y defiende “el principio de precaución” ante la “alerta científica sobre los graves riesgos” de los sistemas radiantes. El texto, que prevé
multas de hasta diez millones de euros para las operadoras, añade que “las compañías aseguran la inocuidad de sus instalaciones sin que ningún estudio científico contrastado avale esta información”.
Sin embargo, la aplicación de la ordenanza está paralizada. Las tres mayores compañías de móviles (Movistar, France Telecom y Vodafone)
han demandado al Ayuntamiento de Leganés y a la Federación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De momento, el juez ha acordado la suspensión cautelar de los artículos de la ordenanza más vanguardistas: la regulación de los niveles y el sistema de control.
Municipios como Alcobendas, Pozuelo o Alcorcón han aprobado normas similares, aunque menos comprometidas, y no existe ninguna regulación restrictiva a nivel regional. El
portal de salud de la Comunidad niega "una relación causal entre la exposición a campos electromagnéticos y el riesgo de padecer alguna enfermedad" y remite a un informe ministerial de hace una década que reduce la electrohipersensibilidad a una mera sugestión. Sin embargo, con la sentencia obtenida por Minerva Palomar, los colectivos de afectados consideran que han ganado la primera batalla de una lucha que no busca otra cosa que el reconocimiento de su existencia.