La oposición madrileña pide la dimisión de Camps

La 'trama de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' parece tener un desenlace próximo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se sentará en el banquillo como presunto autor de un delito de cohecho impropio pasivo, tal y como señala el auto dictado este viernes por el magistrado instructor, José Flors. Mientras sus compañeros del PP madrileño apelan a la legítima defensa y a la presunción de inocencia; PSOE, IU y UPyD piden que Camps atienda a su 'responsabilidad política' y abandone el cargo.

El auto dictado por el juez José Flors ha reavivado el debate sobre las 'responsabilidades políticas' del presidente valenciano. Camps fue reelegido el pasado 22 de mayo por mayoría absoluta, reafirmando así la confianza que le profesan tanto el electorado como sus compañeros de partido. Este apoto del PP se repetía este viernes en la Asamblea de Madrid, donde el portavoz popular, Íñigo Henríquez de Luna, declaraba a la prensa que "si Camps ha dicho que es inocente demostrará que esto es así y conseguirá la absolución".

Una vez hecha pública la noticia de la apertura del juicio oral contra Camps, las reacciones de los partidos de la oposición no se han hecho esperar. Tomás Gómez, portavoz socialista en la Asamblea, salía al paso de las declaraciones de su homónimo popular y pedía la dimisión inmediata del presidente alegando que "Gürtel no eran tres trajes, sino que hay algo mucho más grave detrás que afecta a Madrid y Valencia, que es la mayor trama de corrupción que haya habido nunca en nuestro país". Preguntado por si debería haber pena de cárcel para los imputados, Gómez ha indicado que "ahí es donde te lleva la justicia, pero la responsabilidad política que este señor tiene hoy es dimitir de su responsabilidad".

La petición de Gómez era compartida por Gregorio Gordo y Ramón Marcos, portavoces de IU y UPyD, respectivamente. En este punto, Marcos ha señalado que "con independencia de lo que sea la responsabilidad penal hay responsabilidad política" y ha recordado que "UPYD presentó una iniciativa en el Congreso para que no pudieran ir imputados en las listas electorales, luego Camps, imputado con apertura de juicio oral ahora, presidente de una comunidad autónoma, lo que tendría que  hacer en cualquier país un presidente así es dimitir".

Sin posibilidad de recurrir
La apertura del juicio oral parece establecer el final de una supuesta trama de corrupción rodeada de polémica desde que Francisco Camps fuese imputado a principio de 2009. Dos años después, Camps se sentará en el banquillo con los otros tres imputados en esta causa: el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

El magistrado que ha emitido el auto  ha especificado que éste no es recurrible y que los cuatro imputados deberán prestar una fianza equivalente a la multa solicitada por el ministerio fiscal --de 41.250 euros para Camps, Costa y Betoret; y de 35.000 para Campos-- cantidades a las que hay que sumar un tercio, con lo que la multa de Camps ascendería a 55.000 euros.

Embargan a Correa
La noticia del juicio contra Camps coincide con la publicación de otro auto que solicita el embargo de varias de las propiedades de Francisco Correa, a quien se considera 'el cerebro' de la presunta trama. Correa ha visto embargadas varias de sus propiedades al no poder hacer frente a la fianza de 85 millones de euros que se le exigía para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal. En un auto dictado el pasado 14 de julio, Antonio Pedreira, el magistrado instructor del 'caso Gürtel' decreta el embargo de los bienes de los que es titular Correa, así como de los de titularidad de las empresas del Grupo FCS, Caroki, Inversiones Kintamani y Osiris Patrimonial.

El embargo se ha decretado después de que el juez recibiera el pasado mayo un informe de la Oficina de Averiguación Patrimonial en el que constan los bienes de los que es titular Francisco Correa, y según el cual las empresas de Correa tenían a su nombre viviendas de lujo en Marbella, Sotogrande, Ibiza o en Tarifa, entre otras propiedades. Correa debe hacer frente a una fianza de 15 millones de euros para eludir la prisión preventiva, en la que ingresó el 12 de febrero de 2009.