El presidente de Martinsa, Fernando Martín, ha asegurado este jueves al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que la operación urbanística que realizó en Arganda del Rey en 2006 fue legal y no un 'pelotazo' urbanístico vinculado a la trama Gürtel. El exalcalde de Boadilla se ha negado a declarar.
"La adjudicación de Arganda se hizo con la más estricta legalidad, con transparencia", afirmó Martín a la salida del TSJM, donde se ha acogido
a su derecho a no declarar y se ha limitado a defender que su compañía actúo dentro de la legalidad y no tiene nada que ver con lo investigado en el caso Gürtel.
El presidente de Martinsa, a quien Pedreira imputa los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, añadió que sobre el tema de Arganda ya hay sentencias judiciales que acreditan que todo se hizo correctamente. La Policía atribuye al presidente de la constructora Martinsa el
pago de 12.870.000 euros en 2006 al cabecilla de la trama, Francisco Correa, como comisión para lograr la adjudicación de una operación urbanística en Arganda del Rey.
En la nota reitera que "ni él ni la compañía tienen relación alguna con los hechos que se relatan en el informe de la Policía, que no tiene nada que ocultar y que las pruebas demostrarán que se actuó correctamente", a lo que añade que la adjudicación en Arganda se realizó con total transparencia.
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arganda del Rey,
Victoria Moreno, ha comentado que con ese proyecto el consistorio dejó de ganar 30 millones de euros que, según ella, pudieron ir a la trama Gürtel.
Panero tampoco declara
El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, que sigue imputado por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad en documento público, malversación, prevaricación y cohecho, tampoco ha querido declarar.
El último en comparecer ha sido
José Luis Ulibarri, que ha quedado imputado por un delito contra la Hacienda Pública, además de los que ya estaba acusado -falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo-. Su abogado, Ignacio Peláez, ha señalado que Ulibarri no eludió el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial, tal y como dice Pedreira, y que
el supuesto delito está prescrito.
Correa "está mal"
Por su parte, José Antonio Choclán, el abogado de Francisco Correa, comentó a la puerta del tribunal que su defendido se encuentra en la cárcel "mal" y que se siente "agraviado".
"No entendemos esta situación de rigor" por la que Correa lleva dos años y medio en prisión, es algo "absolutamente injusto", según Choclán, quien ha añadido que la prisión provisional bajo fianza de 15 millones de euros impuesta a su defendido es "excepcional" y jurídicamente no se puede explicar.