El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), ha comenzado este mes a realizar el censo en la zona de la Cañada Real que discurre dentro del término municipal de Madrid. Este es el primer paso que impone la polémica ley de la Comunidad de Madrid para resolver el problema del mayor asentamiento ilegal del sur de Europa.
Desde el día 1 de junio, un equipo de 20 personas recorre la vía pecuaria, en el término municipal de la capital, con el fin de localizar y censar a sus habitantes, según fuentes del Ejecutivo local. Los consistorios afectados, (
Madrid,
Rivas y
Coslada) tienen seis meses para realizar el recuento de las personas que habitan en sus respectivos términos municipales. Tras este trabajo de campo deberá alcanzarse el tan reclamado acuerdo social, que determinará si se opta por los
realojos, por el
desmantelamiento completo o por otorgar
derechos de propiedad a determinados residentes.
El Ayuntamiento ha manifestado que pone a disposición de los afectados todos los recursos sociales, entre ellos, el Samur Social, el acogimiento temporal y la red municipal de servicios sociales. Sin embargo, la polémica por el papel que jugará cada administración (ayuntamientos y Comunidad de Madrid) sigue en el aire. La ley del Gobierno de Esperanza Aguirre fue
aprobada de forma unilateral y
sin el respaldo de Madrid, Coslada y Rivas, cuyos problemas con los asentamientos es diferente en cada caso. Mientras Rivas se niega a dialogar con quienes viven en su territorio, Coslada los ha integrado plenamente, mientras que el ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón esgrime un estudio técnico según el cual es
imposible urbanizar en la antigua vía pecuaria y, por lo tanto, dar servicios a quienes viven allí.
Los derribos seguirán
El Consistorio madrileño ha recordado que la elaboración del censo no paraliza lo que denomina como "
actuaciones de disciplina urbanística", es decir, el derribo de casas o chabolas cuyo trámite estuviera iniciado con anterioridad. Estas, detallaron desde Cibeles, seguirán llevándose a cabo si así lo dictamina un juez.
Los residentes de la Cañada reclaman sin embargo que los derribos se paralicen de inmediato. Las asociaciones de vecinos han presentado incluso
plan de actuación detallado -el conocido como
'Plan Cañada'-que permitiría quedarse a una parte de los instalados en la vía pecuaria, recuperándola y transformándola para darle uso urbano. El resto de sus habitantes serían realojados por las instituciones.
Este mismo viernes un grupo de afectados se concentró delante del nuevo Ayuntamiento antes de
entregar 13.000 firmas en apoyo a la paralización de los derribos.