La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 26,4 por ciento en el primer trimestre de 2011, hasta alcanzar los 121.420 millones de euros (el 11,4 por ciento del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España. La Comunidad de Madrid es la tercera más endeudada (14.111 millones de euros), mientras que el ayuntamiento de la capital acumula una deuda de 7.008 millones de euros, casi la mitad de la deuda que suman todas las capitales de provincia (15.338 millones).
Los datos muestran que, desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años. En total, la deuda de las Administraciones Públicas aumentó un 17,5 por ciento en el primer trimestre del presente año, al situarse en 679.779 millones de euros, lo que supone el 63,6 por ciento del PIB.
La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda entre enero y marzo fue nuevamente Cataluña, con 34.323 millones de euros, cantidad que representa el 28,2 por ciento del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades. Después de Cataluña se situó la Comunidad Valenciana (17.895 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 14.111 millones de euros. Entre las tres acumulan el 54,6 por ciento del total del endeudamiento regional.
En el caso de la Comunidad de Madrid, la mayor parte de esa deuda corresponde a prestamos y créditos no comerciales. En concreto, el ejecutivo de Esperanza Aguirre acumula una deuda de 7.666 millones de euros en préstamos, de los que 2.396 millones son con entidades bancarias, 1.522 con las cajas de ahorros y otros ocho millones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
A continuación, figuran Andalucía (12.855 millones de euros), Galicia (6.176 millones), Castilla-La Mancha (6.106 millones), País Vasco (4.918 millones), Castilla y León (4.422 millones de euros), Baleares (4.368 millones), Aragón (3.307 millones), Canarias (3.234 millones) y Murcia (2.348 millones). Completan la lista Navarra (1.925 millones), Extremadura (1.821 millones), Asturias (1.661 millones), Cantabria (1.081 millones) y La Rioja (870 millones).
La deuda de Gallardón
El informe del Banco de España incluye también los datos referidos al endeudamiento de los ayuntamientos. En este caso, la lista está encabezada por el consistorio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, que acumula
una deuda de 7.008 millones de euros.
Esta cantidad supone el 45,69 por ciento de la deuda total de las capitales de provincia españolas, que asciende a 15.338 millones de euros, y el 23,23 por ciento de lo que deben los 8.000 ayuntamientos españoles (30.158 millones de euros). Le siguen, de lejos, los consistorios de Barcelona (1.102 millones de euros) y de Valencia (885 millones).
Reacciones
Las reacciones a los datos hechos públicos por el Banco de España no se han hecho esperar. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado la deuda de las administraciones públicas como "soportable", aunque ha advertido de que lo normal es que la deuda de las comunidades autónomas "siga creciendo". "Es verdad que la deuda ha crecido, pero no es menos cierto que seguimos en la parte baja comparados con la UE", ha señalado el 'número dos' del Gobierno, tras recordar que España debe mucho menos que otros países como Italia.
Mientras, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, ha aprovechado para criticar al gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, por pedir sanciones para las comunidades autónomas que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria después de que él mismo, como secretario de estado de Hacienda y Presupuestos, cambiara la Ley de Estabilidad Presupuestaria para retirar el principio de 'déficit cero', que ahora el PP aboga por recuperar.
Así, ha recordado que Fernández Ordóñez ocupaba el puesto de secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos en 2004, cuando el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, acometió la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001. En concreto, Ayllón ha asegurado que no sería necesario sancionar a las comunidades si existiera una norma que impidiera que los territorios "se salten los niveles de endeudamiento".
En este sentido, el dirigente popular ha remarcado el compromiso del PP con la austeridad en las comunidades que gobierna y ha advertido de que no se puede permitir que un gobierno autonómico "ponga en riesgo" al conjunto del país por no respetar los niveles de endeudamiento. "La mejor manera es fijarlo por ley", ha insistido.