MDO/E.P. | Jueves 02 de junio de 2011
Con la mitad de los asuntos penales paralizados y casi el 90 por ciento de los civiles, las asociaciones que aglutinan a los abogados del turno de oficio de Madrid amenazan con llegar a la "suspensión absoluta de servicio de Justicia gratuita" si la Comunidad no paga el dinero que adeuda a estos letrados.
Durante los próximos días, las asociaciones que agrupan a los abogados del turno de oficio podrían elevar a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) una propuesta formal para la suspensión total del servicio, que incluiría la no designación de letrados para casos de detenidos o presos.
El paro, iniciado este miércoles, pretende sacar a la luz pública que el turno de oficio se encuentra "ante una
imposibilidad material de prestar el servicio" porque, según Santiago Luengo, de la Junta Directiva de ALTODO, "el presupuesto de 2011 se ha consumido en pagar la deuda de 2010".
Los letrados están a la expectativa del pago de
la Comunidad de Madrid, que adeuda cerca de 17 millones de la factura de 2010 y el primer trimestre de 2011. En palabras de Luengo, "la suspensión durará hasta que haya dinero para pagarnos".
Aguirre promete 4 millones
Para atajar el paro, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este jueves un gasto de cuatro millones de euros destinados al Colegio de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares para la prestación del servicio de Justicia jurídica gratuita.
Este importe estará destinado a los servicios de justicia gratuita que prestan los colegios de abogados de ambas ciudades. La cantidad irá destinada a retribuir las actuaciones profesionales de turno de oficio, asistencia letrada al detenido, tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y gastos de infraestructura.
En rueda de prensa, el vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz en funciones, Ignacio González, ha declarado que
esta partida trata de hacer frente "al pago de las obligaciones" de la Comunidad por la "asistencia gratuita jurídica. González ha querido recordar que en febrero el Gobierno regional ya destinó 33 millones de euros para saldar parte de los pagos pendientes de 2010.