La acampada en la Puerta del Sol contra la clase política y por un sistema democrático más representativo ha puesto en un brete a la Administración Pública y las Fuerzas de Seguridad. La gran cantidad de asistentes a las concentraciones del kilómetro 0 hacen inviable, por el momento, un desalojo. Además, los órganos que rigen el proceso electoral del 22-M se han encontrado con un problema añadido: la posibilidad de que se celebren manifestaciones de protesta durante la jornada de reflexión.
Este miércoles, la Junta Electoral Provincial emitió una resolución desfavorable que
desautorizaba la acampada de la Puerta del Sol. La
Delegación del Gobierno en Madrid, responsable de hacerla cumplir como a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desplegó a sus efectivos para tener la zona cubierta antes de las 20.00 horas, hora a la que estaba convocada lo que se ha dado en llamar la Asamblea General del campamento y de la que forma parte cualquiera que quiera presentarse en la misma.
Sin embargo, llegado el momento, los propios mandos de la Policía Nacional presentes en el centro de la capital comunicaron a sus superiores que la afluencia de gente, más de 7.000 personas según sus cálculos, hacía
imposible disolver a los congregados. La presencia de los manifestantes del
centro Magerit, muchos de ellos personas con discapacidad y familiares, suponía una dificultad añadida. La Jefatura Superior de Policía comunicó a la situación a la delegada del Gobierno, Dolores Carrión. Esta, a su vez, exigió a los mandos la máxima sensibilidad. Los agentes al pie del terreno recibieron órdenes estrictas que
no actuar -mucho menos cargar- salvo que hubiese incidentes. Como precaución, se aumentó la presencia policial en la estación de Metro y Cercanías bajo la plaza y se impidió entrar en Sol a cualquiera que tuviera mochilas con material de acampada. El campamento, por lo tanto, despertó este jueves en su cuarto día perfectamente organizado y con dos centenares de personas resistiendo pese a la lluvia caída durante la noche. La resolución de la Junta Electoral Provincial quedó sin efecto por no poder aplicarse.
Miedo a las consecuencias
El campamento
crece y se hace más estable según pasan las horas. Si bien quienes pernoctan en él no alcanzan el medio millar, la llegada del alba supone una afluencia masiva de simpatizantes que van y vienen a lo largo del día. Como se podía comprobar este jueves, miles de personas entre interesados, curiosos y turistas, pasean por su interior observando, contribuyendo a la causa con alimentos o enseres, sacando fotografías o parándose a debatir en grupos. A día de hoy, por lo tanto, y según especificaron fuentes institucionales a
Madridiario, el desalojo por la fuerza no es posible. La reflexión en la Delegación del Gobierno es que el Ejecutivo no se puede permitir que la expulsión degenere en una batalla campal en el corazón de Madrid
a solo tres días de las elecciones. "No hay delegado del Gobierno que resista eso", zanjaron.
Sin embargo, el episodio de la acampada no está cerrado. El miércoles, la asamblea general decidió que el colectivo
permanecería allí hasta el 22 de mayo. Este jueves, la
Junta Electoral Central se reúne para tomar postura sobre un recurso de la Generalitat de Cataluña, que propone prohibir la manifestación convocada en Barcelona por otro colectivo de acampados para el 21 de mayo. Según la ley electoral, ese día, sábado y
jornada de reflexión, queda prohibida cualquier tipo de concentración que pueda afectar al voto de los ciudadanos. La asamblea de los acampados en la Puerta del Sol ha planteado la misma posibilidad, aunque, según sus portavoces, la decisión aún no ha sido tomada. Por si acaso, insisten en que su movimiento es "pacífico" y en la condena de cualquier tipo de violencia.
La Junta Electoral Central también podría unificar criterios acerca de la
legalidad de las acampadas, que han sido prohibidas en Madrid, Granada y Sevilla pero no en Valencia, Barcelona y Zaragoza, por ejemplo. La Delegación de Gobierno en Madrid ya ha hecho saber a la Junta Electoral Central cuál es la situación. Si finalmente hay protesta el 21-M, extremar los controles, aumentar las precauciones e impedir la marcha hacia las sedes de los principales partidos políticos es la opción más viable, según los consultados. Quienes reivindican una democracia real se agarran al artículo 21 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas "sin autorización previa". El punto 2 del mismo obliga a dar "comunicación previa" a la autoridad si ello tiene lugar en un lugar de tránsito público.