Funcionario del registro

Si una pareja no se pone de acuerdo en el orden de los apellidos del hijo de ambos, será el funcionario del registro civil quien tome la última y definitiva decisión. Y el funcionario en cuestión se estará preguntado: “Pero, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto?”. Es uno de los últimos productos de la factoría de chapuzas ZP, sociedad limitada.

Si los cónyuges no se ponen de acuerdo en el orden de los apellidos de hijo, se le carga el mochuelo al pobre funcionarlo, que sin beberlo ni comerlo, va a hacer de juez de paz por decreto, va a tener en su mano la decisión de qué apellido se puede perpetuar y cual puede comenzar a extinguirse, sin que le vaya nada en ello. ¿Porqué el probo funcionario, tan vilipendiado a lo largo de la historia costumbrista de la administración por su dedicación al trabajo, tiene que hacer ahora de juez en una contienda familiar, cuya decisión puede despertar recelos, odios, y quien sabe si consecuencias mayores por parte de la parte disconforme?. Si una pareja no es capaz de ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos de su hijo, que echen una moneda al aire, que se lo juegue a los chinos o que decida personalmente Zapatero, que es el primer responsable como autor intelectual de esta chapuza.

No es de recibo que el mochuelo se le cargue al funcionario del registro, salvo que se le asigne un plus de responsabilidad por tomar la decisión, o que lo asuma de forma voluntaria, en cuyo caso uno se pregunta si se va a respetar la cláusula de conciencia, el derecho del funcionario a no decidir en una cuestión que afecta a una pareja, a una familia, y no a la sociedad en su conjunto.

Por algo se empieza a torcer el rumbo de lo razonable y a poner en quiebra el sentido común, y si esa fórmula del funcionario que decide el orden de los apellidos de un recién nacido ajeno a su familia, a su entorno y posiblemente a su ciudad, prospera por imperativo legal, puede que lleguemos al extremo de que un funcionario de Igualdad decidida el color del coche que se va a comprar una pareja que no llega a un acuerdo cromático; o un funcionario de Justicia, decidida a quien entregar en el hogar el mando de la tele, según quiera uno ver fútbol o el otro la película; o que un funcionario de Turismo decida dónde tiene que ir de vacaciones la familia, si uno de los cónyuges quiere mar y el otro montaña. Y ahora me pregunto: ¿será un funcionario quien decida quien es el candidato del PSOE a las generales de 2012? Lo digo por aquello de evitar las primarias y todo lo que esto conlleva.