MDO | Jueves 14 de abril de 2011
La Comunidad de Madrid y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) desarrollaron una operación el pasado 7 de abril contra la gestión ilegal de residuos procedentes de la construcción y demolición. En esta acción se han inspeccionado una veintena de instalaciones ilegales situadas en el término municipal de Madrid.
De acuerdo con la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental y sin perjuicio de la responsabilidad penal que se les reclame, la Comunidad de Madrid abrió los correspondientes expedientes sancionadores contra las empresas inspeccionadas y que actuaban sin autorización. En total, se inspeccionaron 23, de las que solo dos tenían autorización para llevar a cabo su actividad. En caso de tratarse de infracciones muy graves las sanciones podrían llegar a los 240.405 euros por explotación, la suspensión inmediata de la actividad fraudulenta y la restauración de los terrenos.
En la operación, coordinada por la Guardia Civil, han participado más de 30 de los cerca de 50 agentes ambientales regionales, que integran las cuatro secciones territoriales de la Comunidad de Madrid. Los agentes procedieron a identificar a los titulares de las instalaciones, inspeccionarlas y levantar un total de 30 actas. En una de las parcelas investigadas, la mayor de ellas, se calculó que los metros cúbicos de RCD almacenados podrían llegar a los 23.000.
Esta actividad fraudulenta y clandestina no solo atenta contra el medio el ambiente, ya que supone la gestión inadecuada y el vertido incontrolado de los residuos, que no reciben el tratamiento que establece la normativa, sino que supone un importante perjuicio económico para las empresas del sector del reciclaje de escombros que cumplen con la legislación.
Una investigación cada tres días
La clausura de estas escombreras forma parte del Programa de Inspección Ambiental de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo fundamental es controlar la gestión y luchar contra los vertidos ilegales de residuos. Así, pese a las enormes dificultades que entraña perseguir estas actividades clandestinas, se han abierto más de 450 investigaciones en tres años y medio, es decir, una cada tres días.
Sin contar la actual operación llevada a cabo por la Guardia Civil, se han resuelto de forma definitiva 50 de estos expedientes, dictándose 10 órdenes de suspensión inmediata de la actividad, con fuerte multa económica y restauración de los terrenos (sanciones muy graves) y otras 40 (sanciones graves o leves) con multa entre 25.000 y 120.000 euros y la restauración de los solares. La cantidad total impuesta en todas estas sanciones supera el millón y medio de euros.
Reciclaje de escombros
En la región existen 29 instalaciones autorizadas para la gestión de residuos de construcción y demolición, entre las públicas (7) y las privadas (22). De ellas, 13 centros están dedicados al reciclaje y la eliminación de residuos procedentes de la construcción y demolición, cuatro de ellos de iniciativa pública situados en Navalcarnero, El Molar, Moralzarzal y Arganda del Rey.
Ubicados en distintos puntos de la Comunidad para dar servicio a toda la región, la capacidad total de tratamiento de las citadas instalaciones asciende a casi 6 millones de toneladas al año. Por su parte, la capacidad de depósito llega hasta los 25,5 millones de metros cúbicos.
Estas infraestructuras se complementan con otros 16 centros autorizados (tres de iniciativa pública y 13 privados) que tienen como función el almacenamiento y la clasificación de los residuos causados en las labores de la construcción y la demolición para facilitar su posterior reciclaje. En poco más de cuatro años casi se ha triplicado el número de toneladas de RCD destinadas a reciclaje, pasando de las 1.021.621 de 2006 a las 2.706.045 de 2009.