Isabel Navarro Cendón | Lunes 04 de abril de 2011
Existe un debate abierto en relación con la responsabilidad social empresarial (RSE) que gira en torno a su creciente importancia e indudable necesidad, especialmente en los últimos años debido a las graves consecuencias producidas por la crisis financiera, la crisis económica y la crisis del empleo que ha afectado a miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de nuestra propia comunidad autónoma.
La importancia de la responsabilidad social de las empresas “propone una idea de la empresa como una institución con unas responsabilidades que van mucho más allá de sus funciones estrictamente económicas y de creación de riqueza y de las obligaciones legítimas que tiene hacia sus propietarios y accionistas”, y supone la adquisición de un compromiso ético de estas.
Desde UGT Madrid consideramos que es necesario incorporar los contenidos que propone la iniciativa de la RSE, que entre otras definiciones “supone la contribución activa y voluntaria de las empresas para la mejora social, económica y ambiental a través de un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión” que reorienten los actuales modelos hacia la sostenibilidad.
En nuestro país las empresas del IBEX 35 -las que cotizan en bolsa- difunden su compromiso con la RSE a través de las memorias de sostenibilidad a la que están obligadas. Ahora también en la Ley de Economía Sostenible, se hace una tímida apuesta por la Responsabilidad Social, en este sentido en su Art. 39, aquéllas sociedades anónimas de más de mil empleados tendrán, también, que comunicar al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE), sus memorias de sostenibilidad.
La nueva norma, aunque no establece la obligatoriedad en la presentación de memorias de responsabilidad, y ello no suponga una equiparación con otras normativas europeas, sí se avanza en la definición de un futuro modelo. Establece una metodología de indicadores para el reconocimiento de las empresas socialmente responsables, de esta manera se plantea una solución intermedia, se apuesta por la voluntariedad de las memorias de sostenibilidad pero se establecen requisitos para ser homologables.
La transparencia en la gestión, el buen gobierno corporativo, el compromiso con lo local y con el medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, la mejora de las relaciones laborales, la promoción y el desarrollo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y de trato, la accesibilidad universal a los derechos de las personas con discapacidad o del consumo sostenible son algunos de los objetivos que han de prevalecer en la filosofía de la nueva empresa.
Desde UGT-Madrid, ampliar esta medida nos parece de especial trascendencia porque permitirá hacer seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de RSE, además de poder observar la correspondencia entre lo que hacen las empresas y lo que dicen que hacen.
El contrapunto a todo lo anterior, y como ejemplo de mala práctica en RSE, lo encontramos en nuestra administración regional y en determinadas empresas que parecen vivir de espaldas a la asunción de estos principios, lo que aparte de sus negativas repercusiones sociales quiere decir, además, que la calidad de la democracia se está rebajando en el seno de nuestra sociedad, algo que no podemos permitir.
Isabel Navarro es secretaria de Análisis y Estrategias de UGT-Madrid
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