Carmen Pérez | Lunes 17 de enero de 2011
El ya terminado 2010 fue declarado ‘Año europeo contra la pobreza y la exclusión social’. Por ello, cobra especial importancia hacer balance de las actuaciones que la Comunidad de Madrid está realizando para mejorar el bienestar de todos los madrileños, atender las necesidades de las personas más vulnerables y lograr que se integren plenamente. Estas acciones son, si cabe, aún más importantes hoy, cuando las dificultades económicas y sociales, particularmente el creciente desempleo, así como las respuestas a esta realidad desarrolladas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, están determinando un cambio en el perfil de las familias en riesgo de exclusión.
La Comisión Europea (CE) en su Recomendación 2008/867/CE reconoce el derecho fundamental de la persona tanto a contar con recursos suficientes como a una asistencia para vivir dignamente y define unos principios comunes para la aplicación de ese derecho.
Igualmente, la CE respalda los principios comunes y las orientaciones prácticas presentadas sobre la estrategia de inclusión activa, que se basa en tres pilares: un apoyo económico adecuado, unos mercados laborales incluyentes y el acceso a servicios de calidad. Señala, en particular, que cualquier estrategia de inclusión activa debe estar construida sobre los siguientes principios: los derechos individuales, el respeto de la dignidad humana y los principios de no discriminación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de género; el fomento de la integración en el mercado laboral, combinada con la plena participación en la sociedad; y la aplicación de los principios de calidad, adecuación y accesibilidad.
En definitiva, la inclusión activa promueve apoyos a la renta en un nivel suficiente para que llevar una vida digna y genera vinculaciones con el mercado laboral en forma de oportunidades de empleo y formación profesional, con un mejor acceso a los servicios sociales.
En la Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, trabajamos por lo que se denomina atención social activa, en la medida en que ofrecemos itinerarios personalizados hacia el empleo para que las personas que no puedan trabajar, sí puedan llevar una vida digna, participar y contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la sociedad.
Desde este marco conceptual, la Comunidad de Madrid promueve políticas activas en la que conviven la cobertura de ingresos mínimos a través de la garantía a obtener una Renta Mínima de Inserción (RMI) para quienes no puedan obtener esos ingresos por otros medios, fundamentalmente el trabajo, la promoción del desarrollo personal y la mejora de las capacidades de quienes, hasta el inicio de la crisis económica, tienen mayores dificultades sociales, y para los que ahora se han agotado las prestaciones por desempleo. El objetivo es que puedan ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad y recuperar autonomía.
Con la aplicación de la Ley de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, se inicia una estrategia global que tiene la integración social y la inclusión socio-laboral como eje de la política social. Como afirma la exposición de motivos de la referida Ley, en referencia al escenario de crecimiento económico y del empleo –vigente en aquel momento– el incremento de la riqueza puede generar, aunque no necesariamente, nuevos problemas de exclusión social sin haber eliminado los ya existentes.
La citada Ley de Renta Mínima de Inserción reconoce a los ciudadanos un doble derecho social: el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, cuando no puedan obtenerlos del empleo o de regímenes de protección social, y el derecho a recibir apoyos personalizados para su inserción laboral y social. Para ello, se establece en la propia Ley que los perceptores de Renta Mínima de Inserción serán incluidos como población de atención prioritaria en empleo y formación ocupacional, salud, compensación educativa, educación de personas adultas y vivienda.
La RMI apuesta, por tanto, por configurarse como una política activa a favor de la integración e inserción social y laboral y reconoce el conjunto de prestaciones que garantiza como un derecho subjetivo legalmente reconocido, lo que supone un paso decisivo en su configuración como política activa contra la exclusión y la pobreza.
Para el desarrollo pleno de esta política la Comunidad de Madrid autorizó el pasado mes de diciembre un gasto anticipado cercano a los 50 millones de euros para garantizar el pago de la RMI de 2011 a aquellas personas que se encuentran en situación de especial necesidad.
En este sentido, es preciso recordar que, durante el primer semestre de 2010, la Comunidad de Madrid ha garantizado que una media mensual de 11.426 familias que se encontraban en situación de especial necesidad pudieran recibir unos ingresos mínimos. En términos individuales, en los seis primeros meses del año cerca de 70.000 personas percibieron esta ayuda, que alcanzó una cuantía mensual media de 532 euros. El Gobierno regional ha destinado un total de 64 millones de euros para la RMI en 2010, de los cuales 60 se han dedicado al pago directo de la ayuda, mientras que el resto han servido para financiar proyectos de integración, subvenciones y convenios.
Finalmente, quisiera destacar que el propio PNAIN (Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-2010) reconoce en uno de sus apartados, el denominado ‘Fomento de la inclusión social activa’, que junto al fomento del acceso al empleo y al desarrollo de una educación en condiciones de calidad y equidad, la garantía de recursos económicos mínimos queda incorporada como elemento configurador de una política de inclusión social activa.
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