Secretario de ayuntamiento

La figura de secretario general de ayuntamiento es la figura garante de la legalidad jurídica en las corporaciones municipales, como desde un principio recoge la Ley de Bases de Régimen Local. Ello implica que el secretario general es quien tiene que advertir de lesividad o irregularidad de cualquier acuerdo que la Corporación pueda tomar y que esté sujeto a la legalidad vigente, es como el poder judicial sobre el poder político, el criterio jurídico sobre las decisiones políticas. Ir en contra de informe que de forma verbal o por escrito emita el secretario general del Ayuntamiento sobre un asunto en el que surjan las dudas, es cometer una irregularidad a sabiendas, lo que se llama prevaricación.

La ex alcaldesa socialista de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, ha sido condenada a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y también otros trece concejales de aquella Corporación, por un delito de prevaricación. Trinidad Rollán y los concejales condenados votaron a favor de un convenio urbanístico sobre cuya ilegalidad había advertido el secretario general del Ayuntamiento, incluso por escrito. Cuando menos, parece una torpeza ir contra el dictamen de quien tiene la autoridad jurídica en una Corporación, que es el secretario, porque saben a lo que se exponen. A pesar de ello, todos los condenados contravinieron el informe de secretaría, es decir, prevaricaron.

Resulta que la condenada, ya ex alcaldesa, es en este momento la número 2 del socialismo madrileño, la mano derecha de Tomás Gómez, la mujer que está, o estaba llamada a ser su compañera de viaje en la aventura de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Y ahora la situación es muy distinta. Tomás Gómez sale en defensa de su compañera y dice que no ha habido enriquecimiento. Evidentemente no se ha demostrado, porque esa no era la cuestión, pero la prevaricación es un delito que no se puede menospreciar porque no haya habido enriquecimiento personal. Políticamente es muy grave que un político, sobre todo con responsabilidades de gobierno, rechace la advertencia de quien tiene la responsabilidad legal de la institución, que se salte la ley a sabiendas de que así lo está haciendo. Los casos de prevaricación, corrupción o malversación, haya enriquecimiento personal o no, deben ser condenados de forma enérgica, vengan de donde vengan, si queremos sanear la vida pública española.