El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto por el que se desarrolla la Ley de Racionalización de la Administración, o lo que es lo mismo, la eliminación de más de un centenar de organismos públicos y de participación en la Comunidad. Los trabajadores públicos que los atendían seguirán, en cambio, trabajando para la Comunidad.
El consejero de Interior, Francisco Granados, explicó este jueves que el recorte va a suponer que el
personal laboral fijo y los
funcionarios de los órganos que serán extinguidos, pasen a otros organismos. Según Granados, "en términos generales, salvo en el caso de algún personal directivo, el personal funcionario y el laboral fijo que está adscrito al convenio de la Comunidad
se integrará en los organismos que van a asumir las funciones" de aquéllos que desaparecen.
Muy pendientes de esta resolución estaban los trabajadores del Instituto Madrileño de Desarrollo (
IMADE), que han denunciado falta de información desde que el 'tijeretazo' se hizo público. También la oposición, que ha advertido que bajo la palabra 'racionalización' existe la
eliminación de la mayoría de órganos de participación social (a través de institutos, colectivos, asociaciones, consejos como el de la Mujer y la Juventud o patronatos) de la Comunidad.
Tras escuchar a Granados, el Comité de Empresa del IMADE ha criticado las
"insuficientes" explicaciones ofrecidas, así como las "mentiras" del gerente del organismo, un
Aurelio García de Sola que se había comprometido, según ellos, a convocar un encuentro que finalmente no ha tenido lugar. Por ello, han advertido que estudian interponer denuncias tanto en el ámbito sindical como en el laboral y el judicial "al incumplirse reiteradamente el Derecho de Información y Consulta reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Así quedan el reparto
Según informó este jueves el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, la reorganización queda de tal manera que los componentes del IMADE pasan a integrarse provisionalmente a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, hasta que tengan destino definitivo. El decreto, que desarrolla la
Ley aprobada por la Asamblea de Madrid, también determina que la Dirección General de Juventud asume el ejercicio de las funciones de carácter participativo y representativo en otros consejos y órganos consultivos del
Consejo de la Juventud. Asimismo, la Dirección General de Cooperación con la Administración Local asume las funciones que tenía encomendadas el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (
PAMAM).
La Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio adquiere las competencias de la extinta
Agencia Financiera, al igual que ocurre con la Dirección General de Atención Primaria y la Dirección General de Atención al Paciente del SERMAS, que asumen el
Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios y el
Defensor del Paciente, respectivamente. La Dirección General de Empleo asume el
Instituto Regional de las Cualificaciones, al igual que la Dirección General de la Mujer llevará a cabo las funciones del
Consejo de la Mujer.
Por último, pasan a depender orgánicamente de los centros directivos, que asumen el ejercicio de las competencias materiales todo el personal funcionario y el laboral que estuviera adscrito al Instituto Madrileño de la Administración Pública, al PAMAM, a la Agencia Financiera y a los órganos Defensor del Paciente e Instituto Regional de las Cualificaciones. Además, la Comunidad señala que podrá
adscribir a todo el personal a sectores prioritarios de la administración, esto es, Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Empleo y Justicia, si lo considera necesario, en lugar de que permanezcan en sus puestos.