Desde el 1 de diciembre de 2010, los madrileños ya pueden ejercer la libertad de elección de médico, enfermero, pediatra y especialista de forma total y en toda la región. A pesar de ello, el recibimiento a esta nueva posibilidad implantada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha sido frío (70.000 pacientes de 6,4 millones de habitantes) cuando no polémico, ya que lleva aparejada el área única sanitaria.
La libre elección entró en vigor el
15 de octubre para médico de Atención Primaria, enfermero y pediatra y el
1 de diciembre para la atención especializada, es decir, el especialista hospitalario y el cirujano. Desde entonces el área básica de salud (unidad mínima en la que está dividida la atención sanitaria en los municipios) o el área sanitaria (grupo de municipios con un hospital de referencia) ya no es lo importante. Cualquier pacientepuede elegir que le trate cualquier profesional de la sanidad pública -salvo las
restricciones legales establecidas para
uno y
otro caso- en una apuesta sin precedentes por la "libertad".
Así presentó la medida el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, que heredaba a principios de año el proyecto de manos de un
Juan José Güemes que salía del Gobierno de Esperanza Aguirre tras mantener duros enfrentamientos con los sindicatos a cuenta de la 'cara B' de la libre elección. Según Güemes, lo que importaba de la libre elección y del
área única (fusión de todas las áreas sanitarias en una sola) que esta traía aparejada era que los madrileños podian decir qué médico querían, sin que se lo asignase la "burocracia". Según el PSOE, IU, CCOO, UGT, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y la Confederación de Consumidores y Usuarios entre otras, la auténtica finalidad era golpear a los trabajadores
eliminando liberados sindicales (de 900 a 90 se llegó a cifrar en un momento dado) y dar nuevos pasos hacia la privatización de la Sanidad con la eliminación de la planificación. Eso y ocultar con artificios la falta de inversiones a causa de la crisis y de la gestión del Ejecutivo Aguirre.
Al tomar posesión de la cartera en marzo, Javier Fernández Lasquetty ya advertía que no llegaba a Sanidad para frenar el área única, sino para
ejecutarla a pesar de la oposición y los sindicatos. El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, anunció antes y después de su puesta en marcha que llevaría la ley a los tribunales y que
la derogaría a partir de mayo de 2011, convencido como estaba de que los socialistas ganarán las próximas elecciones autonómicas. Sí no iba a servir para reducir las listas de espera, las colas en los centros de salud o de especialidades o la carencia de infraestructuras sanitarias en determinadas zonas, para qué iba a servir, se preguntaban. Las
expectativas pues, al menos las de la discusión política, estaban en todo lo alto, pero el resultado no ha sido todo lo efectista que podría esperarse.
Al aprobarse la norma de la libre elección, Sanidad había frenado ya uno de los puntos más polémicos de la misma, la idea de Güemes de
pagar más a los médicos que más pacientes tratasen o que más casos resolviesen, de forma que se estableciese una competencia que oposición y sindicatos tildaron de descabellada. También quedó aparcada la
reorganización sindical, batalla que corrió paralela y que terminó no con una eliminación directa de 'liberados' sindicales, sino con la
creación de un registro cuyas consecuencias aún están por verse.
En octubre, cuando la fecha de puesta de largo se acercaba, Lasquetty ya admitía que la libre elección
tendría poca demanda. Y así fue. El 15 del mismo mes se habría la veda de la libertad de elección en Atención Primaria y el 1 de diciembre en especializada. El 14 de diciembre eran
70.000 pacientes los que habían optado por una posibilidad que, según el Ejecutivo, todos los madrileños demandaban. Los sindicatos, en base a las propias encuestas de la consejería, advertían que apenas un 2-3% de los pacientes querría cambiarse de médico si se le ofreciese la posibilidad, por lo que estas cifras constataron a su juicio el "fracaso" y la "propaganda" que había hecho el Gobierno de Esperanza Aguirre con la libre elección y contra los sindicatos. La presidenta les preguntó a estos y a la oposición
"qué tienen en contra de la libertad de elegir".