La decisión de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid tiene su origen en la subvención que la Administración Central otorgó a esta Asociación en 1973. Desde entonces, gracias a esta subvención, la Asociación pudo ofrecer a sus asociados la prestación de un cuadro médico propio y distintos acuerdos con clínicas y hospitales privados. En 1993 la APM pudo ampliar la oferta sanitaria con un concierto que se alcanzó con la Fundación Jiménez Díaz.
La situación cambió en 2001 cuando las competencias sanitarias pasaron a la Comunidad de Madrid. Al no haber precedentes semejantes en otras comunidades sobre dicha subvención, según reconoce la APM en su carta a los asociados, la Comunidad buscó una solución a esta partida. La Consejería de Sanidad no entendía por qué tenía que abonar una subvención a la APM cuando sus socios ya eran beneficiarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMÁS). Ante ello propuso a la APM un Convenio que fue firmado por el presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
En aplicación de este convenio se está informando a los periodistas asociados a la APM que "la Consejería de Sanidad va a extender las correspondientes Tarjetas Sanitarias individuales, con la referencia de la APM. Será el documento que acredite que la asistencia sanitaria se recibe a través de la Asociación de la Prensa de Madrid y sustituirá a la tarjeta sanitaria ordinaria, salvo aquellos que no deseen la cobertura de la APM y causen baja en nuestro Servicio Médico", según la carta enviada.
La tarjeta sanitaria ordinaria deberá ser, en consecuencia, devuelta a la Consejería de Sanidad por lo que, a partir de ese momento, el Servicio Madrileño de Salud dejará de prestar asistencia a los periodistas que opten por ser atendidos por el cuadro médico de la APM. Únicamente "se atenderá en los centros públicos a los asociados que precisen asistencia primaria (pediatría, medicina de familia y ATS), facturando posteriormente al Servicio Médico de la APM esas prestaciones. La atención sanitaria fuera de la Comunidad de Madrid, está asegurada a través del sistema público de salud".
La carta ha causado una gran inquietud entre numerosos asociados que argumentan que no entienden cómo se ha buscado esta solución cuando el convenio firmado podría ser incluso nulo de pleno derecho ya que el artículo 3 de la Ley General de Seguridad Social, texto refundido de 1994, dice al hablar de la Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social: "Será nulo todo pacto, individual o colectivo por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la presente ley". Entre estos derechos se incluye el de la protección a la salud pública que recoge el artículo 43 de la Constitución, desarrollado en la Ley General de Sanidad que en su atículo 3.2 dice que "la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española".
Asimismo, estos asociados se cuestionan cómo se deja la prestación sanitaria de un colectivo de 7.000 familias a expensas de una partida específica incluida este año en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Los asociados que cuestionan este convenio se plantean, en el caso de que reciban la tarjeta sanitaria individual, darse de baja en la Asociación de la Prensa y se preguntan por qué esta institución no ha planteado previamente a los asociados una subida de cuotas para poder seguir contando con el cuadro médico -al igual que quienes tienen una sociedad privada- para no perder su caracter de beneficiarios del Servicio Madrileño de Salud.
Los asociados que opten por quedarse con el cuadro médico de la APM tendrán como únicos hospitales de referencia la Fundación Jiménez Díaz y cuatro centros del Hospital Madrid y sólo podrán ser atendidos por los especialistas que forman el cuadro médico de la APM y por los citados servicios de asistencia primaria que el Servicio Madrileño de Salud facturará a la APM.