Esperanza Aguirre tiene un plan para salir de la crisis. La primera parte ya la ha llevado a cabo aplicando un recorte al sector público que hace desaparecer órganos de representación y participación ciudadana y organismos públicos. La segunda depende de un gran pacto estatal para adelgazar aún más la Administración Pública y repensar el reparto de las competencias estatales, autonómicas y municipales para que el Estado le cueste menos al ciudadano.
La crisis y el modelo que la líder del PP de Madrid quiere aplicar a la Comunidad han servido a Aguirre para colocar en primera línea algo que lleva reivindicando toda la legislatura: la
supresión de ministerios acompañada de un
nuevo reparto de responsabilidades. Ello implica un recorte de funcionarios y
de sus representantes -este último ya emprendido en Madrid- y una reducción del Estado en la vida pública que para PSOE e IU no es más que "neoliberalismo", pero la presidenta está convencida de que, cuanto menos Administración Pública, más austeridad, menos gasto y mayores oportunidades de salir de la crisis.
Aguirre explicó este viernes, tras reunir a la cúpula del PP madrileño, la forma de conseguir ese nuevo Estado: "Un
gran pacto nacional para evitar la duplicidad, triplicación y hasta multiplicación por cuatro de las mismas funciones entre el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, las autoridades comarcales y los ayuntamientos". El pacto empezaría, por ejemplo, por entregar a los
ayuntamientos las competencias en
Servicios Sociales. Según Aguirre, los fondos deberían transferirse en su totalidad a los municipios para que gestionen la atención a mayores, enfermos, dependientes, discapacitados o menores tutelados. "Sobre todo en los municipios grandes, los distritos, que tienen las asistentas sociales más cerca de la gente, conocen más directamente las necesidades de cada uno... Y nos ahorremos todas esas administraciones y oficinas", puntualizó. Lo mismo debería hacerse, a su juicio, con competencias como la
Sanidad, la
Educación o la
Vivienda para que no haya concejales, consejeros, o ministros de cada rama.
"De la Sanidad nos ocupamos las comunidades autónomas, y hay que suprimir ese ministerio. Estamos en una situación económica dificilísima, todos tenemos que ahorrar, y los ciudadanos no entienden que todos hagamos lo mismo. Quiero que haya un gran pacto nacional y no podemos perder un minuto en hacerlo", advirtió. Ese pacto también debería producirse, en su opinión, para
ayudar a ayuntamientos en dificultades como el de Madrid de Alberto Ruiz Gallardón. Aguirre, asegura que ayudaría a su compañero de partido y a la vez rival si pudiera, pero no tiene compatencias, por lo que es Zapatero quien debe
permitir a Gallardón refinanciar su deuda. Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), advierte a la presidenta que no se pueden hacer excepciones porque todos los consistorios de España pasan por dificultades. La diferencia, entonces, es quién es mejor o peor gestor.
En este sentido el consejero de Economía pidió este viernes al Gobierno una reforma del Estado de la Autonomías con una reasignación de competencias para evitar "duplicaciones" de organismos. "Aunque el Estado de la Autonomías ha sido un éxito, ha llegado el momento de realizarle una puesta a punto que hay que hacer desde el consenso porque viene del consenso", ha dicho. "Todos tenemos competencias impropias derivadas de resquicios legales", ha apuntado Beteta, que ha criticado así la "ineficiencia" del Estado y de las instituciones. Por todo ello, propone una reasignación de competencias y recursos para que las Administraciones sean más eficientes.
Salida "social" o "socialdemócrata"
Pero las ideas de Aguirre, firme defensora de la desaparición de los en su día ministerios de Vivienda o Igualdad, se encuentran con la oposición frontal de la oposición y los sindicatos. Tras la aprobación de la polémica
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, CCOO y UGT ya advirtieron que el PP le ha dado a la participación social en la región "el mayor golpe de la historia de la democracia" con la
eliminación de hasta 60 órganos en los que mujeres, jóvenes, empresarios, emprendedores o asociaciones tenían voz a la hora de elaborar las políticas públicas y 103 entidades en total. Eso, en lugar de recortar en "
propaganda" o en sueldos de "liberados políticos", cargos nombrados "a dedo" como los viceconsejeros regionales que son a la vez diputados y
cobran dos sueldos.
Tomás Gómez y Gregorio Gordo, líderes del Partido Socialista de Madrid y de Izquierda Unida que pocas veces van de la mano, sí coinciden en que Madrid necesita, o bien una
salida "socialdemócrata" o bien una
salida "social" a la crisis, en cualquier caso, cualquiera diferente a las políticas "antisociales" de Esperanza Aguirre. Pero para la presidenta no hay debate: socialismo es "igual a paro", a "maltrato" de Zapatero a Madrid y sólo el PP crear empleo y riqueza, como los
17.000 millones que, como recalca con frecuencia, se han ahorrado los madrileños gracias a sus rebajas de impuestos.