Nino Olmeda | Miércoles 10 de noviembre de 2010
La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid dio el visto bueno a una propuesta de declaración institucional en la que se condena sin paliativos el comportamiento del Gobierno marroquí con los miles de ciudadanos saharauis acampados en ese territorio ocupado en demanda de condiciones de vida dignas, empleo y demás necesidades de una población olvidada por todos y que malvive en zonas poco preparadas para albergar a personas. En el texto, PP, IU y PSM condenan los "actos de violencia" contra los acampados, "el ataque militar" sobre los civiles de El Aaiún, que se impidiera acceder a la prensa española y a diputados europeos, nacionales y regionales a la zona en conflicto. Además, recuerdan que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui sigue pendiente y piden al Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que tome cartas en el asunto.
En estos tiempos en los que nada es lo que parece y lo que aparece es inidentificable, el portavoz del PP, David Pérez, hizo de defensor de las causas perdidas y arremetió contra el PSOE por aliarse con los malos, los gobernantes de Marruecos, y dejar tirados a los buenos, el pueblo saharaui; IU condenó lo sucedido, y los socialistas, mirando hacia otro lado para no herir al jefe y no poner en evidencia la pasividad del Gobierno de España ante las barbaridades que nos llegan desde aquellas tierras que no hace muchos años eran españolas. Aunque todavía no está claro que esta declaración institucional salga adelante en el pleno parlamentario, porque a lo mejor el PSOE no deja al PSM actuar en coherencia con los ideales socialistas, es de agradecer que por una vez todos los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en avergonzar a la clase política internacional, incluida la seguida en este asunto por el Ejecutivo de Zapatero, por aplicar la realpolitik en Sahara.
La llamada "política de la realidad" es la política exteriorbasada en intereses prácticos más que en la ética. Lo práctico en Maruecos es no herir la sensibilidad de unos gobernantes con los que merece la pena llevarse bien, no sea que la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la tortura, los malos tratos y la violencia ciega contra los saharauis, en este caso, traiga a España más problemas que los que se pueden resolver denunciando sin paliativos el violento desmantelamiento del campamento de El Aaiún. La inmigración ilegal, Ceuta y Melilla, el terrorismo y otras muchas cuestiones no pueden tapar la boca de los gobernantes españoles ni intentar comprar su silencio ante lo que está sucediendo en Sahara. Madrid, que ha acogido durante años a niños saharauis que pasaban el verano en esta región, no puede permitir que la realpolitik arrase.
Tampoco que los derechos humanos de un pueblo que lleva demasiado tiempo en el desierto se olviden para no alterar la paz de la monarquía que gobierna Marruecos.
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