Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado la presentación de una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia contra la Comunidad de Madrid "por posible prevaricación y mala fe" al imponer unilateralmente los servicios mínimos para la huelga general del 29-S.
La denuncia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se presentó este mismo lunes al considerar ambas organizaciones que el decreto de servicios mínimos es un texto
"falto de motivación y abusivo" que copia el que ya fue anulado en su día por el propio TSJM con motivo de otro paro general, el del 20 de junio de 2002.
Según los sindicatos, mínimos del
50% en hora punta en los transportes (20% en hora valle y sin tener en cuenta, por ejemplo, las líneas de transportes que se solapan) o el
mismo personal que un fin de semana en los hospitales violan el fondo de dicha sentencia. Por ello, en el caso del transporte
sólo garantizan el 35% de los servicios en hora punta y el 25% en hora valle.
"Contrariamente a la doctrina del Tribunal Constitucional, no se razona cuáles son servicios esenciales ni la proporción de trabajadores que deben figurar en los mismos. Se consideran esenciales servicios
veterinarios, el
Laboratorio Regional de Salud pública,
inspecciones sanitarias,
Servicio Madrileño de Salud, la
Dirección General de Hospitales y la
Agencia Antidroga", señalan CCOO y UGT. En transportes, añaden no se ofrecen datos objetivos -a su juicio- para fijar los mínimos, mientras que se observa "falta de motivación" en la determinación de los mínimos en actividades judiciales y educativas y "motivación insuficiente" en el caso de los centros hospitalarios y no hospitalarios. En la denuncia, los sindicatos aseguran que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha
actuado con "mala fe" al publicar el Decreto de servicios mínimos sólo dos días antes del 29-S, impidiendo así la petición de suspensión cautelar del Decreto.
La Comunidad: hay menos trabajadores
El registro de la convocatoria de huelga se produjo el 10 de septiembre, pero la Comunidad de Madrid, por boca de la propia presidenta y del responsable de la Función Pública, el consejero
Francisco Granados, han asegurado que los mínimos están por debajo de los establecidos en la huelga de 2002, ya que
se destina a ellos menos trabajadores que entonces.
Pese a que la sentencia -en caso de que la denuncia se admita a trámite- puede tardar incluso años, CCOO y UGT quieren dejar patente la "ilegalidad" cometida por el Ejecutivo.