Madrid

"Los sindicatos somos incómodos"

José Ricardo Martínez y Javier López. Secretarios generales de UGT y CCOO Madrid

Carmen M. Gutiérrez | Jueves 23 de septiembre de 2010
La huelga del 29 de septiembre, el recorte de liberados que plantea la presidenta de la Comunidad o las críticas que están recibiendo los sindicatos los han puesto en el punto de mira. Madridiario ha entrevistado a los secretarios generales de UGT y CCOO de Madrid, José Ricardo Martínez y Javier López, sobre estas cuestiones.

La huelga general, el recorte de liberados, la situación económica. ¿Están los sindicatos en un momento crucial?
Javier López: Los sindicatos no están en un momento crucial. Los que sí estamos en un momento crucial somos los trabajadores y los sindicatos como organizaciones de los trabajadores. Nos encontramos ante una crisis sin precedentes, que ya lleva azotando España tres años y que tan solo en el caso de Madrid nos ha llevado a que 564.000 personas estén en situación de desempleo. Para salir de la misma, se están empezando a adoptar medidas que solo cargan el esfuerzo sobre los trabajadores y trabajadoras en forma de una mayor precarización laboral; mayor facilidad en el despido; recorte en las pensiones y en las prestaciones por desempleo; y debilitamiento de la capacidad de los trabajadores de negociar los convenios. De consolidarse esta línea de salida de la crisis, nos dirigimos hacia una sociedad en la que los trabajadores vamos a ser los paganos exclusivos, los costaleros únicos de las situación económica que vive el país.

Empezamos por el recorte de liberados. ¿Es posible recortar el número de liberados o representantes sindicales?
José Ricardo Martínez:
Lo primero que tiene que hacer el Gobierno regional es saber qué es un liberado. En la vida casi todo es posible, pero lo que plantean los compañeros de las federaciones de Servicios Públicos o Servicios a la Ciudadanía, en el caso de CCOO, es negociar la situación de los trabajadores de la administración pública madrileña, cosa que lleva sin hacerse en los últimos tres años. Lo de los liberados es una cortina de humo de Esperanza Aguirre en el Debate del Estado de la Región, cuando lo que está debajo es la ley de reestructuración del sector público. Ella lo enmascara con un chascarrillo sobre los liberados y delegados sindicales, que no están puestos a dedo como los liberados políticos de Esperanza Aguirre. Los liberados sindicales proceden de garantías obtenidas democráticamente en las urnas. Nosotros estamos dispuestos a hablar de garantías sindicales en la negociación colectiva y exigiremos también hablar de los liberados de Esperanza Aguirre, que creo que son más de 1.500.

J.L.: Aguirre tiene 1.521 liberados políticos, que cobran más que cualquier liberado sindical, unos 5.000 euros al mes de media. Cuando en el año 2003 Gallardón le cedió los trastos, el Gobierno de la Comunidad tenía 728 cargos de libre designación, es decir, cargos elegidos a dedo. Ella ahora tiene 1.521, que cuestan a los madrileños 100 millones de euros. Aguirre ha convertido la Comunidad de Madrid en un refugio político y en una agencia de empleo para cargos del PP cesantes en otras comunidades.

¿Es legal reducir los liberados o lo legal es la situación que hay ahora?
J.L.:
Lo legal es que estén los que están. Es decir, si ella quiere recortar las leyes o vulnerar el convenio colectivo tendrá que negociarlo, porque si no se tendrá que ver ante los tribunales. Los delegados que los trabajadores de la Comunidad han elegido libremente en elecciones sindicales son 1.901, que no es lo mismo que liberados, pues estos proceden de la acumulación de horas de los delegados. Los datos que da Aguirre de más de 3.000 son mentira. Nunca hubo tantas vírgenes en España. 

El Gobierno regional pide a los sindicatos que se aprieten el cinturón.
J.R.M.:
Fíjate si tenemos el cinturón apretado que recibimos cero euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid. Podríamos darle dinero, es decir, regalarle las cuotas de los afiliados, pero no lo vamos a hacer. El de Madrid es el único Gobierno de este país que no asume su responsabilidad con la presencia institucional de los sindicatos, que estamos en más de 60 consejos de administración, con personas, medios, estudios y proyectos.

Parece que los sindicatos madrileños y Aguirre no han encontrado puntos en común durante este tiempo.
J.L.:
Hemos firmado un acuerdo de prevención de riesgos laborales y otro para revitalizar la industria madrileña. También alcanzamos un acuerdo educativo con Esperanza Aguirre en el primer mandato, pero Aguirre ha dado un giro en los últimos tiempos y ha optado por radicalizar sus posiciones y ser la líder del carajillo 'party' madrileño, en lugar del 'tea party'. Con esa decisión, va directa al desastre, porque, cuando ha anunciado que va a reducir el número de liberados, inmediatamente ha salido el Ayuntamiento de Madrid y Castilla y León para decir que no van a tomar ninguna medida sobre los sindicatos, porque no va por ahí el combate contra la crisis. Ella hace de eso una bandera por concepciones ideológicas, es decir, cree que con eso satisface a un tipo de electorado, pero le va a hacer perder la mayoría.

J.R.M.:
Yo creo que en cuanto Esperanza Aguirre empezó su vida política en Madrid optó por situarnos como enemigos, es decir, fue una decisión en el ánimo de quitarle vigor al discurso de la izquierda política y achacarnos a nosotros un papel político que no nos correspondía.

Los sindicatos se han quejado de que están sufriendo una campaña de descrédito. ¿De dónde creen que viene?

J.R.M.: Viene de que esta crisis no es solo económica y está siendo utilizada por la derecha en sentido amplio. En este contexto, creo que los sindicatos somos incómodos, por todo lo que estamos contando, por el tipo de organizaciones que somos y por los tres millones de afiliados en el ámbito nacional a CCOO y a UGT, bastantes más de 350.000 en Madrid. Para hacernos una idea el Partido Popular (PP) tiene 40.000 afiliados. Los dos sindicatos tenemos diez veces más afiliación que el PP.

J.L.: Y veinte veces más que el Partido Socialista (PSOE).

J.R.M.: Lo decían el otro día Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo (los secretarios generales de UGT y CCOO, repectivamente): el actual sistema democrático que se pergenia en la Transición se fundamenta en la libertad política, la sindical, la de prensa y la de expresión. ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento se está aprovechando para poner todo en cuestión. Desde la economía se pretende controlar la política y a veces olvidamos que a los políticos los elegimos los ciudadanos democráticamente. Por lo tanto, la economía está cuestionando a la ciudadanía y manipulándola. Y en ese escenario grandes organizaciones como los sindicatos resultamos enormemente incómodos, porque somos conscientes de lo que somos y lo que queremos. No hay que olvidar de que estamos haciendo la huelga al PSOE y yo soy afiliado. Pero también soy el secretario general de la UGT de Madrid y, por lo tanto, prevalece mi decisión de ser secretario general del sindicato.

También circula la idea de que los lazos entre UGT y el PSOE han retrasado la convocatoria de la huelga.
J.L.: En este momento, en CCOO tenemos muchos afiliados al PSOE y también al PP.

J.R.M.: La UGT y CCOO han caminado juntos toda la vida. Ha habido diferencias grandes en algunas decisiones, pero eso no empaña que compartamos un modelo de sociedad parecido. Creemos que las decisiones del Gobierno son profundamente equivocadas y que van a ser inútiles para salir de la crisis, pero también creemos que el PP sería infinitamente peor para los trabajadores, lo llevarían todavía mucho más contra ellos. Yo escucho a Rajoy y me da muchísimo miedo lo que dice y aún más lo que creo que no dice.

J.L.: Plantear así las cosas significaría algo así como decir que UGT depende del PSOE y que Comisiones depende de UGT, lo cual es absolutamente incierto. Nosotros advertimos que mientras que para salir de la crisis no se adoptasen medidas que golpeasen los derechos de los trabajadores no habría huelga general; pero ha llegado un momento en que se han recortado los salarios de los empleados públicos, se han recortado inversiones necesarias para activar la economía, se han congelado pensiones, se ha impuesto una reforma laboral. ¿Por qué dar un golpe a trabajadores y pensionistas, cuando la reforma va a prolongar la crisis? Ante esta situación, decidimos convocar la huelga y hasta los periódicos de la 'derechona' dicen que más de la mitad de los trabajadores la ven justificada. Y que tome buena nota el PP, que cree que el PSOE va a hacer el trabajo sucio y que cuando lleguen ellos van a rematar la faena. Los trabajadores no lo van a tolerar.

¿Está costando movilizar a los trabajadores para la huelga?
J.R.M.: No y estoy sorprendido por la respuesta. En las reuniones y asambleas que hacemos, los trabajadores reaccionan de manera lógica. ¿Cómo no? A los empleados públicos les rebajan los salarios, a los pensionistas les congelan las pensiones, a los trabajadores nos dicen que el convenio colectivo ya no va a vale. En un país con el 93 por ciento de precariedad, vamos a facilitar la temporalidad en la contratación. En un país con casi cinco millones de desempleados, abaratamos el despido. Hay decenas de miles de familias sin ningún ingreso, sin prestación, sin subsidio; pero, ¿se piensan que somos imbéciles? ¿Cómo no vamos a encontrar a la gente absolutamente cabreada si el que no está en el paro, puede estarlo y el que tiene alguna posibilidad más de no estarlo ve mermadas sus condiciones laborales? No estamos hablando de una reformilla; estamos hablando de un abaratamiento de la vida laboral. La gente reacciona porque somos trabajadores y lo único que tenemos es el puesto de trabajo, y porque nunca nadie nos ha regalado nada. Vamos a las asambleas y a veces nos llaman flojos.

Algo así pasó en la reunión de delegados sindicales en el Palacio de Vistalegre, donde se pidió la dimisión de Zapatero, pero no por parte de los secretarios generales de los sindicatos.
J.L.: Es normal que la gente que está enfadada haya pedido explicaciones al que ha dictado unas normativas que golpean solo a los trabajadores. Es que ni en Irlanda, ni en Portugal, ni en Grecia se ha llegado a este extremo. Hay medidas fiscales y financieras, impuestos a los bancos, reforzamiento del sistema fiscal... Aquí solo van contra los trabajadores, como si fueran los culpables de la crisis. La gente va digiriendo lo que se le viene encima, que no es que se vaya a acabar con el empleo de los jóvenes, de los inmigrantes, de las mujeres, de los mayores de 45 años... va contra todos. Se puede despedir a empleados públicos para contratar a empresas temporales. Se puede meter la mano al trabajador fijo antes que al temporal porque les sale igual de barato, al considerarse despido objetivo, aunque no haya causas objetivas. Simplemente con decir que se quiere mejorar la producción en la empresa se puede hacer. El despido que era la última medida para salvar una empresa ahora se convierte en la más fácil, la más barata y se subvenciona en un 40 por ciento por parte del Gobierno. Quieren cambiar completamente el mercado de trabajo y eso solo va a conseguir que nos parezcamos más a China o a Marruecos que a Europa, donde hay unas relaciones de trabajo con una regulación estable.

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