El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid se oponen a la subasta de varias promociones de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Los afectados se manifestarán este domingo ante la sede de la entidad municipal.
630 familias resultan afectadas por la subasta de cuatro promociones en régimen de alquiler completas que aprobó la EMVS el 29 de julio. Están situadas en Sanchinarro, Vallecas, Carabanchel y Pavones. El Consistorio pretende recaudar 64 millones de euros como mínimo por la operación. El proyecto consiste en la venta de los edificios, sin perjuicio de la protección que gozan los inquilinos. Es decir, las empresas compradoras no pueden alterar las condiciones de alquiler de los edificios hasta que expire su condición social, lo que ocurrirá en el último caso en 2015. Tampoco podrán venderse las promociones en el mercado libre hasta 2021.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que en la operación se va a subrogar absolutamente todo. El nuevo adquiriente tendrá los derechos y obligaciones (que tiene ahora la EMVS), y no se modificará en modo alguno la situación de las familias. Esta operación es un ejercicio de solidaridad para poder construir nuevas viviendas sociales
Como adelantó
Madridiario, la subasta, que va a ser la única del año aunque no se descartan operaciones semejantes en los próximos, pretende potenciar
un cambio de modelo en la filosofía de vivienda pública protegida que tiene la EMVS. Supondría crear promociones con pisos en alquiler con contratos de cinco años renovables y rotatorios. De esta manera, los inmuebles no perderían nunca su protección y permitirían un parque estable de vivienda en alquiler para la ciudad. Para acometer este cambio de rumbo, explican en la EMVS que es necesario desprenderse de promociones.
Cambio de casero
Por desgracia, la operación supone que los vecinos tengan que abandonar esas casas. Esperaban que al expirar los contratos, el Ayuntamiento se las vendiese. El cambio de casero va a provocar que al término de sus contratos, los que quieran seguir en el inmueble, tengan que adaptarse a las condiciones que ponga la empresa propietaria. Estos volverán a manifestarse este domingo ante la sede de la EMVS para denunciar lo que consideran un atropello. "Han realizado la operación sin consultar al Consejo de Administración, sin darnos la opción a comprarlas a precio de vivienda protegida, y en agosto para evitar la posibilidad de detener la operación", explican sus portavoces, que cuentan con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Desde la FRAVM explican que se está poniendo a la venta un patrimonio que es de todos los madrileños de forma que contradice la promesa municipal de crear un parque público de vivienda protegida para reducir la deuda que posee el Consistorio.
El portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Ángel Pérez, considera que la operación es una privatización y un negocio para beneficio de subasteros y empresas privadas. Por eso, considera “necesario un criterio de prudencia social en un momento de crisis aguda y no se puede jugar con la estabilidad económica y el futuro de los ciudadanos”.