Social

Diseñando vidas nuevas

La Agencia Madrileña de Tutela de Adultos ha asumido 8.000 tutelas en sus 15 años de vida

Lucía de la Fuente | Martes 31 de agosto de 2010
La cifra de adultos tutelados por la Comunidad de Madrid aumenta un 20 por ciento cada año. Son personas que, por problemas mentales, han sido declaradas judicialmente incapaces para regir su vida de manera independiente. Un equipo de profesionales se encarga de protegerles jurídica, social y  económicamente diseñándoles una nueva vida.

En la región hay 3.378 mayores de 18 años que se encuentran bajo la tutela de la Agencia de Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid (AMTA), dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Esto significa que han perdido la capacidad de autogobierno y carecen de la autonomía suficiente para tomar decisiones legales. Han vuelto a ser ‘menores’. Además, sus familiares no han podido o no han querido hacerse cargo de su custodia. “Ser declarado incapaz en un concepto un poco fuerte porque supone la muerte civil de la persona”, afirma María Jesús Lumbreras, abogada del AMTA acostumbrada a defender a presuntos incapaces que no cuentan con procurador propio.

El principal motivo que lleva a esa situación de incapacidad es el padecimiento de una enfermedad mental. La esquizofrenia, la psicosis, la demencia, la discapacidad intelectual o el alzheimer suponen más del 85 por ciento de los casos registrados en la Agencia. La adicción a las drogas o al juego completa el resto. La mayor parte, según datos facilitados por la Comunidad, son mujeres de edades comprendidas entre los 50 y los 59 años.

Dolencias crónicas
“Una enfermedad mental por lo general es, lamentablemente, algo crónico. El paciente no se recupera y la labor de la Agencia es acompañarle a lo largo de la vida. Eso nos obliga a diseñar una nueva vida adaptada a sus necesidades con el objetivo de que el sistema funcione para siempre”, afirma el gerente del AMTA, Carlos Zorí.

Los trabajadores sociales, educadores, abogados y administrativos deben organizar con quién vive, cómo obtiene sus ingresos, cómo se los gasta, qué actividades debe realizar o a qué especialistas debe acudir el adulto incapacitado. “Dependiendo de las necesidades de cada persona, vemos si tiene que ir a un centro de salud mental, si tiene apoyo familiar, si necesita un educador o un tratamiento psiquiátrico más específico, etcétera”, explica Teresa Criado, trabajadora social del AMTA desde hace cinco años. Este diseño pasa, por ejemplo, por la custodia de las llaves de sus viviendas o libretas de ahorro.

Custodia del dinero
“Hay gente que por su problemática se gasta el dinero según lo cobra, así que se lo tenemos que custodiar nosotros y hacerles un pago semanal que tienen que cobrar en la Agencia”, afirma Criado. Esta circunstancia es una de las que resultan más difíciles para los tutelados. Los martes –día de cobro- la AMTA está llena.

Eduardo Matute, ‘Dudu’ para los amigos, lleva tres años tutelado por la Comunidad de Madrid. Padece un trastorno ‘esquizoafectivo’ agravado por su trayectoria de consumo de drogas. Ahora se ha convertido en “un ejemplo” a seguir para los demás. En la AMTA se siente orgullosos de él por su increíble avance. Y es que ha dejado la cocaína por la pintura. “Desde que entré aquí, y gracias también a la ONCE, empecé a pintar y ya tengo cientos de cuadros”, afirma mientras posa junto a su última obra, un retrato de mujer. “He pasado de gastar 300 ó 400 euros en una tarde en drogas a tener que apañarme con cuatro euros al día. Ha sido un cambio radical, y he tenido que poner mucho esfuerzo pero la recompensa ha merecido la pena porque ahora creo que estoy muy bien, aunque se que me queda mucho camino por delante”, reconoce.

La incapacidad es una situación difícil. Todos coinciden en señalar que el proceso es “muy duro” y difícil para los familiares. Pero, eso sí, no se trata de una situación  irreversible. Si la evolución es buena, puede ser objeto de un nuevo procedimiento en el que el juez decida que pase a ser plenamente capaz nuevamente, siempre con la supervisión de un fiscal y un médico forense.