MDO/E.P. | Miércoles 28 de julio de 2010
En el informe informe anual de 2009 el entonces Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirmó haber encontrado una "escasa colaboración" en las administraciones implicadas "para buscar una solución integral con los medios disponibles, mientras se busca una solución mediante un ley ad hoc que ofrece dudas sobre la finalidad buscada".
El Defensor del Pueblo "proponía tomar en consideración la posibilidad de intervenir integralmente en la zona con instrumentos urbanísticos y territoriales", y dudaba de que "la legislación vigente y los instrumentos puestos a disposición de la administración urbanística y territorial por el legislador madrileño sean insuficientes para atender el problema de la Cañada Real, y que sea preciso un proyecto de ley especial".
Entre otros ejemplos, indicaba que la Comunidad "podría utilizar instrumentos tales como los Programas de Rehabilitación Concertada en Áreas Urbanas", y destacó que las funciones del Ejecutivo autonómico "no pueden empezar ni acabar en lo que se refiere a la ocupación de una vía pecuaria y su recuperación", sino que debía tener en cuenta otras variables como realojos, eventuales legalizaciones, escolarizaciones, demoliciones, etcétera. Este hecho sólo era posible, añadía Múgica, "si son integradas en una planificación integral supramunicipal".
"Inutilidad de las actuaciones"
"La Consejería deduce que como en la Cañada Real de Madrid hay, en primera instancia, un problema de legalidad urbanística y ello es de competencia municipal, entonces es 'exclusivamente' municipal y, por tanto, es un asunto que tampoco le concierne", apostillaba el informe.
Además, aseguraba que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio había ofrecido "escasos e incompletos, si no contradictorios", argumentos para justificar la necesidad de la normativa, y lamentaba el "escaso fruto obtenido hasta el momento" en su cooperación con el Ejecutivo autonómico así como la "virtual inutilidad de proseguir las actuaciones con la Comunidad de Madrid".
Avanzar en la Cañada
La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, aseguró este miércoles que comparte con Múgica la necesidad de intervenir desde el punto de vista social y abogó, en el último Pleno antes del parón estival, por no esperar a la ley que se está tramitando en la Asamblea de Madrid para avanzar en la Cañada Real, sobre todo en este sentido.
Además añadió que en la Cañada Real caben dos alternativas: o intervenir por separado o promover una acción conjunta desde todas las administraciones. En su opinión, "por separado no se resuelve el problema, sólo lo palía".
Por otro lado, la portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha indicado que el verano pasado su grupo en la Asamblea planteó una Proposición de Ley para abordar los problemas sociales de la Cañada, y una propuesta al Gobierno regional para que, mientras la ley tomaba cuerpo, éste iniciara un plan de intervención urgente para dar respuesta "a los problemas más acuciantes de las personas que residen en la zona". Ambas propuestas fueron rechazadas por el grupo popular, pues los populares iban a plantear su propio texto legal.
Sin embargo, para la portavoz socialista, "más allá de la ley es necesario un plan de choque urgente que garantice algunas cuestiones como la escolarización de los más pequeños, la salubridad y la intervención de los servicios sociales en uno de los mayores asentamientos de exclusión social y pobreza, a tan sólo unos kilómetros de la Puerta del Sol".
"Dudosa ética"
Por su parte, el portavoz de IU, Ángel Pérez, ha sostenido que las administraciones son cómplices por su omisión en la violación de derechos humanos que se comete en la Cañada Real. "Queremos una ley que regule el proceso para que la Cañada se devuelva al dominio público pero mientras tanto la intervención social no puede estar paralizada", ha sostenido el edil.
Pérez ha ido más allá sosteniendo que el Gobierno de Esperanza Aguirre "no quiere la Cañada Real para dominio público sin más sino una nueva operación urbanística de dudosa ética sobre las carencias y el sufrimiento de gente que, en parte, no tiene más delito que no tener nada", todo ello sin olvidar que hay otra parte de residentes en la Cañada que "especula y no son merecedores de ningún derecho".
El portavoz de IU ha insistido que no se trata de hacer "caridad" en la Cañada Real sino de aplicar los derechos humanos, que "no son competencia de nada, ni materia de delegación". Su receta pasa por "meter la pala" en la entrada de la Cañada y sacarla a su salida "derribando todo lo ilegal y dando derechos a las familias que los merecen" porque "ya está bien de una situación que es una vergüenza política".
Quien también coincide "punto por punto con las duras críticas" que vierte el informe del Defensor del Pueblo es el el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid quien a acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de "no querer arreglar el conflicto de la Cañada Real", pues "hace oídos sordos" al acuerdo alcanzado hace un año por la Comunidad, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de los municipios afectados.
"Es una vergüenza que estemos en el mismo punto que hace un año", ha comentado el concejal de Política Territorial de Rivas, José Ramón Martínez Perea, quien ha acusado al grupo popular de la Asamblea de "organizar artificios para que el tiempo siga corriendo y nada cambie".
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