Derechos enfrentados en la huelga de Metro

Ante una huelga de un servicio público como el Metro de Madrid las reacciones de usuarios y responsables políticos y sindicales se precipitan. Ahora, ya en frío, Madridiario ha preguntado a sus protagonistas cómo gestionar este conflicto entre el derecho a la huelga y a la movilidad, y cómo se gestiona una situación de estas características.

Con la recién acabada huelga de Metro, algunas voces comenzaron a plantearse cuánto cobran sus empleados o si estaba justificada (los sindicatos trataban de evitar una rebaja de sueldo contraria a su convenio colectivo) ya antes de que el servicio se quedara sin servicios mínimos el martes y miércoles, 29 y 30 de junio, días en los que se generó una gran indignación popular. Los propios sindicatos salieron a recordar que el derecho a la huelga es un derecho fundamental, según la Constitución. "También es un derecho internacional y está recogido en la Declaración de Derechos Humanos", añade ahora Pilar Álvarez, abogada laboralista y coordinadora de los servicios jurídicos de UGT-Madrid.

Aunque sea un derecho fundamental y haya que respetarlo siempre, a veces choca con otros derechos de los ciudadanos y hay que decretar servicios mínimos. Según explica Álvarez, "una cosa son los servicios mínimos de las empresas; y otra, los servicios mínimos que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos. Los primeros se aplican cuando es necesario mantener en marcha una empresa -como unos altos hornos, por ejemplo- para que, tras los paros, pueda volver a funcionar sin problemas. Si la huelga afecta a derechos de los ciudadanos, como la sanidad o el transporte para alimentar a la población existe la obligación de establecer unos servicios mínimos para garantizarlos", continúa la abogada. ¿Pero cuál es el caso de una huelga en un medio de transporte como el Metro de Madrid?

Para el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad, José Manuel Pradillo, "si un servicio de transporte como el de Metro, que atiende cada día la demanda diaria de unos 2,5 millones de personas, no es un servicio esencial, entonces cerramos todos los días". Pradillo indica que el transporte está definido como esencial y la ley obliga a fijar unos servicios mínimos. "En la huelga había dos posiciones enfrentadas, los que quieren que se note y las autoridades que tienen que procurar que las molestias a los ciudadanos sean tolerables", resume.

Sin embargo, los sindicatos consideran que al existir en Madrid otros medios de transporte alternativos (EMT, Cercanías, vehículo privado, etc.), aunque no funcione el Metro, los ciudadanos podrían seguir ejerciendo su derecho a la movilidad al menos en parte, según opina el secretario general del Sindicato de Conductores de Metro, Vicente Rodríguez.

Aun así, los sindicatos, conscientes de que el cierre del Metro afecta al normal funcionamiento de la ciudad, propusieron unos servicios mínimos del 40 por ciento. La empresa, por su parte, el 70 por ciento en horas punta y del 50 en horas valle. Como no hubo acuerdo, la autoridad competente tiene derecho a establecer los que considere oportunos. Así, la Consejería de Transportes dictó que fueran del 50 por ciento, una "decisión salomónica", según Pradillo.

Recurso contra los servicios mínimos
Los sindicatos de Metro han recurrido los servicios mínimos al considerarlos "abusivos" y aseguran que en todas las ocasiones que los han recurrido hasta ahora la Justicia les da la razón. El responsable del Consorcio, afirma, en cambio que los tribunales también han fallado a favor de Metro en algunas ocasiones. Pone como ejemplo, los servicios mínimos de los paros parciales que vivió metro en 2009. La sentencia, no obstante, declaró que los mínimos vulneraban el derecho de los trabajadores, como esgrimieron los sindicatos cuando la Comunidad se basó en esa sentencia. Según Pradillo, solo perdieron el recurso por un defecto de forma.

Los servicios mínimos decretados provocaron que el líder de CCOO-Madrid, Javier López amenazara con denunciar a Esperanza Aguirre por prevaricación, por imponer "unos servicios mínimos ilegales a sabiendas de que lo son". Desde el sindicato, aseguran que esta medida está en estudio.

Los representantes de los empleados de Metro no achacan, al menos en exclusiva, las dos jornadas sin servicios mínimos, por las que ahora se enfrentan a centenares de expedientes disciplinarios, al 50 por ciento de trenes impuesto por la Comunidad. "Nos dolió mucho lo ocurrido. Nuestro objetivo era que se cumpliera el convenio que teníamos firmado hacía unos meses", afirma Teo Piñuelas, responsable de UGT en Metro. "También influyó el fragor de una asamblea con miles de trabajadores", añade el secretario general del Sindicato de Conductores de Metro.

Acuerdos en frío
En esta ocasión y cada vez que hay una huelga vuelve a surgir el debate sobre si es necesaria la aprobación de una ley que las regule, ya que la que hay es preconstitucional y, para dictar los servicios mínimos, se utiliza una doctrina del Constitucional que es poco precisa. Llegó a haber algún borrador con Felipe González como presidente del Gobierno y ahora la han reclamado varios responsables políticos, como la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre; y los sindicatos CCOO y UGT se han mostrado dispuestos a negociar. Por su parte, el Gobierno central dijo que "está pendiente" pero que ahora no es el momento. Hay que recordar que está convocada una huelga general para el 29 de septiembre.

Sin ir tan lejos, los implicados en negociar los servicios mínimos en Metro creen que es necesario aclarar en frío cómo gestionar estas situaciones en un futuro. Así lo apuntan Pradillo del Consorcio, Piñuela de UGT y Rodríguez del Sindicato de Conductores. "Que no nos vuelva a coger el toro por los cuernos por los cuernos", se comentó en la última reunión que mantuvieron.