Abortar, lo permite una ley

Ante la aprobación y la puesta en marcha de la ley que amplía la libertad de abortar, Esperanza Aguirre, se ha mostrado dispuesta a cumplir la ley y ha asegurado que en Madrid se aplicará, a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional. Todos quedamos expectantes de la resolución del Tribunal Constitucional, sobre esta norma, pero no suena bien eso de que la máxima responsable de una Comunidad como Madrid, tenga que aclarar que aquí se cumplirá la ley. Naturalmente que se cumplirá. Y es bien recibido que el aparato del Partido Popular haga los gestos necesarios para que en Murcia, o en cualquier otro punto de la geografía, se respete igualmente el mandato salido del Congreso de los Diputados, nos guste mucho o poco. Da igual. No podemos estar todos los días mirando a un lado y a otro para saber si estos o los otros cumplirán o  no cumplirán tal o cual ley. Esto no es la selva,    se cumple, si o si. Y quien no lo haga, deberá vérselas con la justicia, por muy presidente autonómico que sea. Nadie, legalmente constituido, puede amparar conductas similares; ni en una huelga, ni por el Estatuto de Cataluña, ni por el aborto, ni por cualquier otra causa. En este país la iglesia, ni la católica y las otras, son las encargadas de marcar las normas de comportamiento, eso le corresponde a Las Cortes Generales y en las cámaras, se ha aprobado la posibilidad de que las mujeres que quieran hacerlo, podrán abortar, siempre que cumplan una serie de condiciones.

Lógicamente habrá que esperar a que el Constitucional se pronuncie pero, mientras tanto, la ley está en vigor, si el propio Tribunal no la deja en suspenso.
Volvemos a lo mismo. Nadie puede negarse a respetar el ordenamiento jurídico, aunque sea mejorable. Se podrán cambiar, en un sentido u otro, criticar y pensar en variaciones cuando se produzca un cambio de la mayoría de gobierno, pero dejar de cumplirlas y más desde las Instituciones es una degeneración que envía un mal mensaje a los ciudadanos.
Nadie puede apelar a las convicciones religiosas, culturales y mucho menos económicas. El aborto es una decisión individual y allá cada uno con su conciencia. España es una democracia gobernada por un poder civil nacido en las urnas. Las recomendaciones religiosas han de quedarse en la conciencia de cada cual y si algún dirigente considera incompatible su postura con la norma que sale del Congreso, debe dimitir y marcharse, porque un presidente ha de gobernar para todos. También para quienes no le han votado, aunque estemos atravesando un período en el que no hay demasiados ejemplos de este comportamiento.

La ley es para todos, para los sindicatos del Metro, para el Estatuto de Cataluña, para el aborto y para el resto de las normas que marca la democracia que nos hemos dado y nos seguimos dando, desde que desapareció la dictadura en 1975.