MDO/Agencias | Martes 22 de junio de 2010
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recibió 18.392 quejas individuales en 2009, lo que supone la cifra más alta de su historia. Además, 5.000 quejas se enviaron desde la Comunidad de Madrid, según se desprende del Informe Anual del Defensor del Pueblo 2009. En el cómputo global -individuales y colectivas-, descendieron levemente hasta las 22.287.
El mayor número de quejas fue remitido desde las comunidades autónomas más pobladas. En primer lugar destaca la Comunidad de Madrid, con más de 5.000. Le siguen Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla y León y Galicia. Asimismo, también se recibieron quejas del extranjero, aunque sólo de manera excepcional.
Por sectores, destaca el número de quejas que plantean disfunciones en materia económica (6.220), que abarca cuestiones como los impuestos y tributos, las telecomunicaciones, la ordenación económica y financiera general, o las infraestructuras y los transportes.
También destaca, respecto a 2009, el número de quejas relativas a los asuntos de política social y sanidad (3.167) y la función y empleo público (2.554). La Administración de Justicia y violencia doméstica (2.450) o las quejas sobre urbanismo y vivienda (2.395) han sido objeto igualmente de un número muy importante de quejas, especialmente de las de carácter individual, como también lo han seguido siendo las referidas a las dificultades en la gestión de asuntos migratorios (1.512).
Listas de espera.-El informe llama la atención acerca del problema de las listas de espera en diferentes hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, con ejemplos concretos. El documento apunta que los ciudadanos perciben un "claro deterioro de la sanidad pública".
En el caso concreto de la sanidad madrileña, enumera algunas "deficiencias" comprobadas en 2009, como los tres años y medio para la realización de pruebas de alergia a medicamentos en el hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares. También los diez meses para un electromiograma en el hospital Puerta de Hierro y otros tantos para un ecocardiograma en el Ramón y Cajal; ocho meses para ser atendido en el servicio de traumatología del Centroo de Especialidades Coronel de Palma, de Móstoles y siete en el de endocrinlogía del Puerta de Hierro, son algunas de la deficiencias registradas
Aparcamientos.- El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recomienda al Ayuntamiento de Madrid que modifique la ordenanza que regula la tasa por estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la capital "para permitir a los residentes el aparcamiento en las plazas verdes y azules indiscriminadamente". En el informe, el Defensor del Pueblo argumenta que su propuesta parte de las "insuficientes" plazas verdes, las destinadas a los residentes, quienes pagan una tasa por la utilización privativa del dominio público.
Menores inmigrantes.-También ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que establezca un marco común de actuación para la identificación, documentación, repatriación y el traslado desde Canarias hasta la Península de los menores inmigrantes que se encuentran desamparados en España. Así lo recoge el informe anual que explica que "cada vez son más habituales las quejas" de niños que han pasado por la tutela de varias comunidades autónomas" por las "nefastas consecuencias" que pueden tener para ellos algunos problemas administrativos. En este sentido, recoge "problemas para los menores que llegaron a Madrid" trasladados desde Canarias cuando intentaban renovar una autorización de residencia expedida en las islas.
Retrasos en Dependencia.- El informe destaca los retrasos de las Comunidades de Madrid y Valencia en la aplicación de la Ley de Dependencia, donde destaca la acumulación de retrasos en los procedimientos de reconocimiento de las personas dependientes, de aprobación de los programas individuales de atención y de la realización efectiva de las prestaciones. Según señala el informe, muchos expedientes superan de largo los dos años desde la inicial solicitud de las personas dependientes o sus familias sin que las administraciones hayan mostrado la debida diligencia por hacer efectivos sus derechos, "destacando por sus retrasos algunas comunidades autónomas de mayor tamaño como la valenciana o la madrileña".