Movilización de empleados públicos: 1-0

El Gobierno de Zapatero, atenazado por el acoso de los especuladores financieros y la reclamación de medidas urgentes desde Europa y Estados Unidos, ha improvisado unas cuantas medidas de ajuste que, no resolviendo los problemas, intentan apaciguar la tormenta que se cernía sobre España.

Lo más grave no es que haya que hacer ajustes y apretarse el cinturón. Lo intolerable es que el único esfuerzo se reclame a las rentas del trabajo, mientras se obvia esfuerzo alguno de las rentas del capital, que representan la mitad de las riquezas del país. Nueve medidas. 9-0 en la portería de las rentas del trabajo.

La primera de ellas, la reducción de las retribuciones del personal del sector público, en un 5 por ciento de media en 2010, y congelación en 2011. Un recorte proporcional a los ingresos, que afectará más a los salarios más altos. Para dar ejemplo, los miembros del Gobierno se bajan el sueldo un 15 por ciento. Hasta ahí la medida y la explicación del Gobierno.

Se trata de una medida que ningún gobierno española había planteado nunca.  Tampoco ningún gobierno europeo ha ido más allá de la congelación de los sueldos de los empleados públicos, incluso con situaciones más graves que la española, caso de Grecia, o similares, caso de Portugal.

Una medida que se plantea pocos meses después de la firma de un acuerdo que moderaba el crecimiento de los salarios en las Administraciones Públicas a un 0,3 por ciento para este año. Romper el acuerdo vuelve a sembrar las dudas sobre la libertad de negociación y el respeto a lo firmado en las Administraciones Públicas.

Si nadie puede confiar en lo que se firma, nadie puede sentirse obligado a respetar lo pactado. La legitimidad y lealtad de las partes queda comprometida. Los empleados públicos con la firma del acuerdo han demostrado su disposición a aportar esfuerzos proporcionales y compartidos para superar la crisis. Han demostrado un sentido de Estado que el Gobierno ha tirado por la borda.

Es más, modificar un acuerdo debe ser, cuando menos, fruto de la negociación previa, que no se ha producido. Atacar a los empleados públicos de forma tan desproporcionada es una medida fácil, porque supone apuntarse a la reiterada mentira de que los empleados públicos tienen trabajo fijo y bien pagado. Pero eso no es cierto. Hoy los contratos temporales en el sector público tienen mayor peso que la temporalidad en el sector privado. Además, los mileuristas del sector público son parte muy importante del empleo público y, en muchos casos, los salarios son inferiores a los del sector privado.

Sin embargo son muchos los que han alimentado la imagen de unos empleados públicos con trabajo fijo, privilegiados, bien pagados. Basta comprobar los ataques permanentes del "Partido de los Tertulianos" de Telemadrid al sector público para justificar y alentar la privatización de los servicios públicos.

Los empleados públicos son la auténtica columna  vertebral del Estado. Manuel Azaña los llamaba servidores públicos. El Estado, simple y llanamente, no es posible sin empleados públicos y sin Estado no hay ciudadanía, ni patria, ni banderas, ni himnos, ni ley, ni seguridad, ni derechos, ni igualdad. Vamos, sin empleados públicos sólo hay selva y la ley del más fuerte. Barbarie. Aunque, a lo mejor, eso es lo que quieren algunos.

Los empleados públicos son los que nos ayudan a nacer y cuidan nuestra salud durante toda la vida. Los que nos educan, desde la infancia a la Universidad, y aseguran nuestra cultura y educación permanente. Los que nos protegen de delitos. Los que planifican nuestro urbanismo y cuidan y protegen el medio ambiente. Recaudan los impuestos. Defienden nuestras fronteras y nuestra presencia exterior. Atienden a nuestros mayores y personas con discapacidad.

El día 20 los empleados públicos se concentraron en toda España. El 8 de junio van a la huelga. Saben que este país tiene muchos problemas. Que hay que hacer sacrificios. Pero proporcionados, equilibrados, compartidos.

La mano dura con los empleados públicos debilita al Estado. Pero además es inútil y contraproducente en la lucha contra la crisis. Miles de millones de euros desaparecen de la circulación y del consumo, alargando la crisis y su salida. Millones de personas incrementarán su esfuerzo de ahorro, en previsión de peores tiempos. Si el consumo interno cae aún más, la actividad económica y el empleo seguirán cayendo.

Se pueden exigir sacrificios, pero proporcionales. Se pueden negociar sacrificios, pero las imposiciones unilaterales conducen al conflicto social y si la crisis económica y la caída del empleo acaban en conflicto social abierto, las heridas y fracturas que se abren luego son difíciles de recomponer.

Un poco más de sensatez. Un poco más de voluntad de negociación y un poco más arrimar el hombro desde todos los ámbitos. Los empleados públicos son el 1-0 de los 9 goles que el Gobierno pretende encajar en la portería de los trabajadores.