Granados asegura que se va a racionalizar el servicio
Ángel Calleja | Jueves 22 de abril de 2010
Los requisitos para acceder a un abogado de oficio se van a endurecer muy pronto. A partir de ahora, y según las nuevas condiciones que aprobará la Comunidad de Madrid, aquel que no demuestre "fehacientemente" que no tiene recursos para pagarse un defensor, no lo tendrá.
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre inició este jueves la tramitación de un decreto que, cuando entre vigor, impedirá, según el consejero Francisco Granados, los "abusos" que hoy le cuestan a las arcas públicas 50 millones de euros al año.
Las condiciones, según explicó el propio consejero de Presidencia, Justicia e Interior tras el Consejo de Gobierno, serán las siguientes. En primer lugar, se acaba la presunción de insuficiencia. O el ciudadano acredita que es insolvente, o se tendrá que pagar su defensa. Hasta ahora, según Granados, algunos letrados recurrían indefinidamente los casos hasta llegar a las últimas instancias, incluso sin mandato de sus defendidos o cuando éstos ya habían vuelto o sido deportados a sus países de origen. Por ello, la segunda restricción será que el recurso sólo será aceptado si existe un mandato expreso. Con ello, añadió el consejero, se evitará la continua entrada de papeles que contribuyen al colapso de los juzgados.
Por último, la Comunidad dejará de pagar la asistencia en algunos casos concretos, como es el caso de los asuntos de tráfico (alcoholemias, excesos de velocidad y otros) y la asistencia al detenido. "Los delitos por tráfico han sufrido una proliferación tremenda. Hasta ahora práctica totalidad de la asistencia ha sido pagada por la Comunidad. A partir de ahora solamente se prestará asistencia gratis a aquel que no tenga seguro o que de manera fehaciente certifique o pruebe que no tiene suficiencia de ingresos. También ocurre con asistencia al detenido. Yo le pondré un abogado por ley, pero si usted puede, se lo pagará", concluyó el consejero.
Manifestación de abogados
Según el consejero de Interior, que compareció junto a la presidenta Esperanza Aguirre, este decreto o recorta "en absoluto" ningún derecho de los ciudadanos ni supone una "discriminación" con los ciudadanos extranjeros, sino que "racionaliza y hace si cabe más justo" el derecho a la asistencia gratuita.
Pero esta postura choca frontalmente con el planteamiento de los abogados de oficio. Mientras en el interior de la Real Casa de Correos se celebraba el Consejo de Gobierno, la Asociación Libre de Abogados se manifestaba en la Puerta del Sol. Su presidente, Teodoro Mota, denunció que hoy ya hay que demostrar que un detenido no tiene recursos para que se le asigne letrado público. "Lo que quieren es dejar en un limbo legal a inmigrantes y personas sin recursos exigiéndoles papeles, por lo que no podrán defenderse", denunció. Además, reclamó que la Comunidad les abone los 30 millones de euros que aseguró les debe por los servicios que han prestado "sólo en los últimos diez meses".
El PSM considera que la Comunidad de Madrid "sigue desprestigiando" el trabajo que realizan los abogados del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid y que "las verdaderas intenciones del Ejecutivo autonómico son deteriorar los servicios públicos, como la asistencia jurídica gratuita", según expresó Macarena Elvira Rubio, miembro de la Ejecutiva regional del PSM.