Delincuentes neofranquistas

“Si no aceptan esta proposición, serán ustedes delincuentes neofranquistas”. Así se despachó el jueves pasado un diputado de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid durante su turno para la defensa de una Proposición no de Ley de su grupo parlamentario.

Amparado por la inmunidad que le concede la tribuna de la Asamblea de Madrid, su señoría de IU acusó al grupo parlamentario del Partido Popular, entre otras “lindezas” de no creer en el Estado de Derecho, de despreciar la democracia, de añorar la dictadura y de representar exclusivamente los intereses de una minoría, olvidando deliberadamente que el Partido Popular representa a más de 10 millones de españoles.

La confrontación política no puede ser nunca el pretexto para el insulto y la difamación que surgen cuando no quedan argumentos; mucho menos para querer imponer lo que no ha sido posible conseguir en las urnas. Lo que el diputado de IU en la Asamblea de Madrid hizo en el último Pleno fue tratar de resucitar los peores fantasmas del pasado, escenificando el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, el viejo cuento de los buenos y los malos. Para ello utilizó una retórica guerracivilista, insultante, plagada de descalificaciones. Obviamente el diputado Sanz estaba dando otra vuelta de tuerca a la estrategia utilizada por algunos sectores de la izquierda de este país, para avivar la llama del frentismo y ahondar en la idea de las dos Españas.

El espectáculo de ver a un diputado de IU erigiéndose en expedidor de carnets de demócrata resulta esperpéntico e intolerable, por no hablar de la falta de respeto que supone para los ciudadanos, que son quienes democráticamente deciden que partidos políticos quieren que les representen y cuál debe ser el peso parlamentario de cada cual, en este caso en la Comunidad de Madrid, donde precisamente el Partido Popular obtuvo en las últimas elecciones de 2007 el apoyo mayoritario de más del 53% de los madrileños y 67 escaños, frente a los 11 obtenidos por la formación a la que pertenece el lenguaraz diputado.

Aunque la grotesca pataleta del diputado apenas tuvo repercusión mediática, reconozco que personalmente me ha producido cierta amargura. No me saco de la cabeza todo el odio y resentimiento que destilaba su intervención. Un afán de revancha por nuestro infortunado pasado político, del cual responsabilizaba directamente al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, de manera tan indigna como sectaria. Sin duda la guerra civil y dictadura franquista fueron periodos muy dolorosos, de atraso para España y tremendas injusticias que afortunadamente, después de 35 años, han quedado superadas por nuestro actual sistema democrático.
 
Lo verdaderamente importante de la Ley de Amnistía del año 1977 es que supuso un contrato para la reconciliación y el progreso, que pretendía acabar con las dos Españas enfrentadas. Tuvimos dos décadas en las que predominó el espíritu de la Transición. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, hay formaciones que, erigiéndose en únicas garantes de la democracia, usan la confrontación para intentar conseguir rédito político. Todo ello sin calibrar las consecuencias que este enfrentamiento tan polarizado puede tener para la convivencia normal de la sociedad española.

Las movilizaciones y declaraciones en contra del procesamiento de juez Garzón no sólo han puesto en cuestión la separación de poderes. Se han hecho desde la perspectiva de que hay una España que impide la investigación de los crímenes franquistas y que es el partido Popular el responsable directo de que el juez Varela haya sentado a Baltasar Garzón en el banquillo.

La teoría conspiratoria de la persecución de la derecha contra el juez, tan falsa como peligrosa, cae por su propio peso a la vista de la biografía del propio Varela, izquierdista confeso y fundador de Jueces para la Democracia. Lo cierto es que a Garzón nadie le persigue por investigar el franquismo: sin tener en cuenta las otras causas por las cuales se encuentra imputado, el juez Garzón será juzgado por irregularidades y negligencia en su tarea de magistrado. Por tomar decisiones aún a sabiendas de que no le correspondía hacerlo y por asumir la instrucción de un sumario que no le concernía.

Quienes desde la izquierda alientan la versión conspiratoria no sólo están atacando al Partido Popular sino que, cuestionando la independencia judicial del tribunal Supremo y atacando de lleno el espíritu de la Transición, hacen un flaco favor al Estado de Derecho y a nuestra Democracia.

Cristina Cifuentes, Vicepresidenta de la Asamblea de Madrid