Un día más de preocupación. El juez Antonio Pedreira, instructor del 'caso Gürtel', ha alargado la tensión del PP 24 horas más, ya que hasta este martes no hará pública la segunda parte del sumario de la trama Gürtel. A cambio, el partido ha ganado tiempo para preparar la defensa ante nuevas revelaciones que van a aumentar los problemas.
Este lunes, Mariano Rajoy reunía a su Comité Ejecutivo (Esperanza Aguirre incluída) con el caso de
sobornos a cargos populares a cambio de adjudicaciones como primer plato del desayuno. Cuando el presidente nacional prometía contundencia si aparecían nuevos implicados, el aplazamiento dictado por el juez caía con una mezcla de alivio y perplejidad.
Y es que en Génova se tiene por cierto que la segunda parte de las investigaciones
no va a hacer menos daño que la primera. En lo que queda por descubrir, el Partido Socialista de Madrid asegura que va a haber "indicios muy serios" de
financiación ilegal de los populares madrileños, aseguraba este lunes Tomás Gómez. La fórmula sería que el PP adjudicaría a las empresas de la trama
contratos públicos como pago por haber organizado los actos electorales de la formación. El líder de la trama corrupta, Francisco Correa, así lo aseguraba en conversaciones intervenidas por la Policía. Los 50.000 folios que vienen contienen precisamente el último año de investigaciones judiciales, incluyendo los interrogatorios a Correa y sus subordinados.
La investigación que no fructificó
Pero el PP niega este extremo radicalmente. Fuentes de la cúpula popular en Madrid admiten a
Madridiario su honda preocupación por lo que los implicados han podido hacer en nombre del PP. Las mismas fuentes advierten que ya en 2007, año del que data la denuncia original (hecha por el ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas) de lo que hoy es el Gürtel, el partido investigó los hechos "de forma interna". Estas pesquisas llegaron a dar con
patrimonios y propiedades que los hoy implicados difícilmente pudieron explicar si no era a través de ingresos poco claros, pero la falta de pruebas hizo que no se pudiera llegar más allá. Tener sospechas y demostrarlas, alegan, eran cosas "muy distintas". Dos años después, con el juez Garzón a la cabeza, el caso estalló y Esperanza Aguirre, subrayan, fue
"la primera" en tomar medidas drásticas.
Mariano Rajoy marcó este lunes a los suyos las mismas líneas de defensa que hasta ahora: la trama es para dañar el PP, no hubo financiación irregular y ya hubo dimisiones para cortar de raíz con sus responsables. Para el PSOE en cambio esta teoría tiene
muchas ‘fallas’ y no sólo en la parte valenciana y los trajes y regalos a
Francisco Camps. Tomás Gómez sentenciaba que alguien "ha metido la mano en el bolsillo de los madrileños" y ponía como ejemplo otro caso bajo investigación,
el de la fundación del PP de Madrid Fundescam. Además, desde Ferraz se apunta a otros frentes, ya que Luis Bárcenas, tesorero, máximo responsable de las finanzas del Partido Popular y cuyo nombre aparece en el sumario, sigue en Génova con despacho y abogados pagados por el partido.