Granados asegura que el contrato de traductores se adjudicó a la oferta más barata

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, afirmó este lunes que el único parámetro para adjudicar a la empresa que dirige Castor Iglesias el contrato por valor de casi un millón de euros del servicio de traducción en juzgados en la Comunidad de Madrid fue el bajo precio. Asimismo, negó cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación.

"Desde luego, ninguna irregularidad, sino todo lo contrario. Precio como único parámetro para adjudicar el contrato", aseguró Granados. Estas declaraciones llegan después de que el diario 'El País' publicara este lunes que la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid adjudicó el mes pasado un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados a la asociación que preside Castor Iglesias, que desmintió el supuesto espionaje a políticos que se investigó el año pasado.

El consejero indicó que la adjudicación que se ha producido en el servicio de traductores de la Comunidad de Madrid "ha sido una adjudicación en dos lotes", de los cuales el primero de ellos es al que se refiere dicho periódico. "Se ha adjudicado a la oferta más barata de todas aquellas que cumplían las condiciones", explicó Granados. "Es la asociación nacional de peritos judiciales la que ha ganado este contrato por subasta, por riguroso precio, ya que ha sido la más barata".

También destacó que esta asociación "trabaja en otras comunidades autónomas, como en Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura o Castilla y León" y dijo que Castor Iglesias no es el dueño de la asociación. Asimismo, esperó que no se esté sugiriendo que "se están pagando favores a la asociación nacional de peritos judiciales".

Por último, apuntó que "no hay nada que sea más mentira que aquello que se dice como una verdad a medias y con sana intención de crear una sospecha o un manto de duda sobre la actuación de algún responsable político", en este caso la cartera de Presidencia, justicia e Interior que él dirige.

Fondos reservados
Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, manifestó este lunes que su partido quiere que se esclarezca si el espionaje a miembros del PP de Madrid se pagó con fondos reservados de la Comunidad de Madrid, puesto que la presidenta, Esperanza Aguirre, sería la responsable.

Tras conocer la contratación por un 1 millón de euros por parte de la Comunidad de Madrid del perito grafológico que usó para intentar desmontar el escándalo del espionaje, Gómez se mostró partidario de realizar todas las gestiones oportunas para esclarecer e investigar esta situación. El PSM está "muy cansado de que los trapitos sucios del PP los paguen los madrileños".

La "gran pregunta", dijo, es saber si "hay fondos reservados en la Comunidad de Madrid". "Nosotros creemos que sí, y la responsable de los fondos reservados se llama Esperanza Aguirre", indicó. En este sentido, señaló la gravedad de que con la contratación de este perito por "1 millón de euros, 166 millones de pesetas" y por tanto con una "adjudicación millonaria" desde el Gobierno regional se intente "taponar la investigación judicial".