La reducción de trámites administrativos ahorrará 1.900 millones a las empresas

El vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz, Ignacio González, suscribió este lunes un convenio con el presidente de Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Salvador Santos Campano, con el objetivo de suprimir la mitad de los trámites administrativos de las empresas en su relación con la Administración regional, así como reducir los plazos de tiempo que establece la normativa vigente.

Esta iniciativa repercutirá en más de 150 modelos de procedimiento que empresas dedicadas a la industria, el comercio o el turismo, entre otras, deben cumplimentar en el desarrollo de su actividad y que suman hasta 300.000 solicitudes con un impacto económico estimado de 1.900 millones de euros anuales.

Con este convenio la Comunidad de Madrid pretende abrir una línea estable de colaboración con la Cámara de Comercio, con el objetivo de desarrollar actividades y proyectos de interés para ambas instituciones, que permitan, en palabras de Ignacio González, “la simplificación y reducción de los procedimientos administrativos, los trámites y las obligaciones burocráticas con el objetivo de facilitar la necesaria relación que tiene que haber entre los empresarios y la Administración”.

Así, Comunidad y Cámara de Comercio van a dirigir su colaboración en la simplificación de los procedimientos administrativos, con una sustancial reducción de trámites y obligaciones burocráticas, facilitando la relación entre los empresarios y la Administración, con el fin de contribuir a la reducción de los costes administrativos, mejorando la competitividad de las empresas y estimulando su desarrollo.

El alcance de esta colaboración, según explicó González, está basado en tres líneas fundamentales; por una parte, el estudio de la normativa reguladora y de los trámites administrativos que deben realizar las empresas, como consecuencia de esta regulación; por otra parte, la realización de jornadas con empresarios y asociaciones relevantes en sus sectores funcionales y territoriales, que sirvan para recoger sus propuestas y opiniones en materia de simplificación y reducción de cargas administrativas, y, finalmente, la emisión de estudios que recojan las conclusiones para la mejora de los procedimientos y el ahorro de tiempo y dinero a las empresas, en especial, en términos de coste de oportunidad.