El Ayuntamiento defiende el campo de golf de Chamberí

La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, preguntó este jueves a la bancada socialista en el Pleno celebrado este jueves que si temían que existiesen "otros intereses" distintos al general en la construcción de un campo de golf en el distrito de Chamberí por qué no lo llevaron a los tribunales, después de que el portavoz socialista, David Lucas, calificara el campo de golf como "un monumento a la ilegalidad".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de enero de 2007, en el que apelaba al interés general para instalar este campo en las instalaciones del Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí.

De este modo, el TSJM estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación de vecinos El Organillo de Chamberí contra dicho acuerdo argumentando que la Comunidad no motivó suficientemente el interés general al que apelaba. El Gobierno regional ya anunció que recurrirá la decisión ante el Supremo, motivo por el que, como expuso Martínez, el Ayuntamiento deberá posponer su actuación hasta que la sentencia sea firme.

Lucas añadió que el campo de golf de Chamberí no es más que "un negocio para unos pocos", para lo que tiró de hemeroteca para recordar una información publicada por el diario 'Público', que señalaba, a raíz de la sentencia, que se ponía el foco de atención en el vicepresidente regional y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, al impulsar una instalación deportiva que luego "adjudicó a un socio de su familia", concretamente a su cuñado, Juan José Caballero. El mismo diario aseveró que diversas empresas relacionadas con familiares del vicepresidente se quedaron con varias subcontratas de la obra.

Tras leer algunas de las informaciones aparecidas en los recortes de prensa, el edil socialista dijo que no tiene datos "para afirmar que esto (la construcción del campo) fue ilegal pero este cúmulo de casualidades no puede por menos que hacer sospechar que hay muchos intereses aunque no tanto para hablar de un interès general".

Por su parte, la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, esgrimió que el Ayuntamiento hizo un "cumplimiento estricto" del Plan General y que si no puede actuar en este momento es porque la sentencia del TSJM será recurrida en el Supremo.

Cambio de uso en 2002
El devenir de las instalaciones deportivas en el Canal de Isabel II es larga. En el verano de 2002, el Canal y el Ayuntamiento de Madrid acordaban el cambio de uso del solar propiedad del primero, situado entre las calles de San Francisco de Sales y Santander y las avenidas de Pablo Iglesias e Islas Filipinas.

Para ejecutar el convenio, el Consistorio se comprometía a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y el Canal a la urbanización de zonas verdes y parques para uso público, además de a la reposición de la zona deportiva ya existente. El Canal solicitó al Ayuntamiento la oportuna licencia de las obras de consolidación y ajardinamiento sobre la cubierta del depósito, licencia que fue concedida en marzo de 2003.

Sin embargo, tres años más tarde el Canal presentó una segunda solicitud de licencia argumentando que el proyecto inicial había sufrido modificaciones por las protestas vecinales. La Comisión para la Protección del Patrimonio (CIPHAN) informó desfavorablemente en diciembre. Por su parte, el Ayuntamiento remitió al Canal un requerimiento de subsanación de deficiencias, además de pedir nueva información relativa a la supresión del helipuerto, a la modificación de las zonas verdes, al incremento de pistas polideportivas y de pádel.

La Comunidad mostró ya enero de 2007 su discrepancia con la postura del Ayuntamiento argumentando que el Canal defendía que sólo se había pedido la denegada licencia por el rediseño de las instalaciones con el fin de incorporar las demandas de los madrileños. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado el 18 de enero de 2007 justificaba el interés general de las obras en el mismo sentido, añadiendo que las nuevas instalaciones paliarían las carencias, tanto deportivas como de parques, al ser tan escasas en el centro de la ciudad. Además, apuntaban que el acceso sería público, lo que, como exponían, reforzaba el argumento del interés general que recoge el artículo 161 de la Ley del Suelo.