Madrid

El PSOE asegura que el Área Única ya no se puede aplicar

Sanidad cree que Tomás Gómez demuestra "ignorancia jurídica"

MDO/E.P. | Viernes 19 de febrero de 2010
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, afirmó este jueves que el Gobierno autonómico no puede aplicar la Ley de Área Única y Libre Elección de Médico porque este viernes ha terminado el plazo que él mismo se puso para elaborar el reglamento de la norma autonómica y no ha realizado el desarrollo normativo.

Durante su intervención en un desayuno informativo de 'Forum Europa', el dirigente socialista afirmó que la norma autonómica, que convertirá las once áreas sanitarias que hoy tiene la Comunidad de Madrid en una única área de 6 millones de habitantes, "no solamente perjudicará los intereses de los madrileños, sino que está mal hecha".

"Hoy mismo acaba el plazo que se dio el Gobierno a si mismo por ley para establecer todo el desarrollo reglamentario de esta ley", pero el Ejecutivo regional "no ha hecho nada" y "no puede poner en marcha la ley del área única". "Y por lo tanto cualquier movimiento requeriría que el Gobierno autonómico volviese al Parlamento autonómico para reaprobar una ley del área única", aseveró.

Güemes consultará a todos

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, aseguró que las palabras de Gómez demuestran que tiene una "ignorancia jurídica bastante sorprendente para alguien que se postula como candidato". "La habilitación para desarrollar reglamentos no viene de las leyes sino de los estatutos de la Comunidad de Madrid. Hay muchos buenos juristas en el PSOE de Madrid que habrán apercibido a Tomás Gómez del error que ha cometido diciendo eso", precisó.

Güemes garantizó que la Comunidad hablará con las asociaciones de pacientes, las asociaciones científicas, los colegios profesionales y el Consejo Superior de Sanidad para implantar la polémica norma, y adelantó que le gustaría tener la oportunidad de explicarle los decretos y las normas al Ministerio de Sanidad, que no recurrirá la ley ante la Justicia al no encontrar base jurídica para ello, y al Defensor del Pueblo, que ha recibido las quejas de CCOO y UGT al respecto.

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