MDO/E.P. | Jueves 18 de febrero de 2010
La Comunidad de Madrid ocupa el último lugar de España en la implantación de la Ley de Dependencia, pues no llegan al 1 por ciento las solicitudes tramitadas frente a la media nacional del 2,5 por ciento. Así lo señalan los datos oficiales de enero de 2010 del Sistema de atención a la dependencia del Ministerio de Asuntos Sociales, en base a la información proporcionada por la propia Consejería.
Según estas cifras, dadas a conocer este jueves por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, los solicitantes acumulados en 2009 fueron 61.000, un 0,96 por ciento de la población, mientras que en España ascendieron a 1.141.000 (2,44 por ciento). Sin embargo, la tramitación se vio aligerada de manera "frenética" en diciembre, pues sólo en ese mes Madrid tramitó 12.578 solicitudes nuevas y 12.579 dictámenes de grado y nivel, al tiempo que reconoció el derecho a percibir prestación o servicio a 8.602 personas y realizó el PIA a 3.757, lo que equivale el total de los 11 meses anteriores del mismo año juntos.
Asimismo, las personas con derecho reconocido a la espera de recibir servicio o prestación fueron en diciembre pasado 23.083, mientras que las personas con PIAS elaborados, que en el caso de la Comunidad no se puede saber si ya tienen el servicio o prestación, fueron de 26.287, un 0,4 por ciento de la población de Madrid frente al 1 por ciento de media estatal. La Asociación denuncia que dado que el 60 por ciento de personas en situación de dependencia en Madrid se encuentra en una residencia, muchas de ellas antes de la aplicación de la Ley, el Gobierno regional ha saturado el "traspaso" de residentes y no puede seguir haciendo "caja" a costa de colocar nuevos residentes en el sistema de la dependencia.
En este sentido, señala que la subida considerable de prestaciones económicas y del servicio de ayuda a domicilio anunciado por la Comunidad apunta a un traspaso similar al de las residencias: "los que son dependientes que los financie la Ley y los que no, que los financien los ayuntamientos, con el consiguiente ahorro de las aportaciones de la Comunidad de Madrid", critica. A su juicio, de esto se deduce que la aplicación y el desarrollo de la Ley de la Dependencia en Madrid es "muy deficiente" y que se ha limitado a "traspasar" a sus "clientes dependientes" ya atendidos en el sistema de Servicios Sociales.