Municipios

Los aviones de negocios aterrizarán en El Álamo

Celia G. Naranjo | Jueves 11 de febrero de 2010
El Gobierno regional ha aprobado el anteproyecto de la ley que regulará los aeropuertos privados. Un paso más para que el Aeródromo del Sureste, situado entre El Álamo y Navalcarnero, sea una realidad.

Mientras los expertos terminan la redacción del Plan Director del Aeródromo del Sureste, prevista para estas fechas, la Comunidad está haciendo sus deberes para que Madrid cuente por fin con un aeropuerto 'de negocios'. Así, este jueves remitió al Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto de ley que regulará estas infraestructuras de la región, según anunció el vicepresidente regional, Ignacio González.

Este aseguró que Madrid debe contar con una infraestructura de este tipo, al igual que otras grandes capitales europeas, y recordó que se trata de una de las grandes reivindicaciones de los actores económicos. En Europa, apuntó González, los aeropuertos de negocios aportan un 0,2 por ciento de media al PIB de los países que cuentan con ellos

Todas estas expectativas están puestas en el proyecto del Aeródromo del Sureste, que contará con una escuela de aviación y un centro logístico, y también en el de Campo Real, que se reservaría para la carga aérea.

Con la norma remitida este jueves al CES se pretende, además, crear un registro de instalaciones aeroportuarias y agilizar la tramitación de estos proyectos. Así, la construcción, modificación relevante, apertura al tráfico o cierre de un aeropuerto o helipuerto en la región necesitará una autorización regional que no se demorará más de seis meses y, si lo hiciera, se entendería concedida.

Gestión conjunta de Barajas
Este anteproyecto también incluye la reivindicación "histórica" de la Comunidad para participar en la gestión del aeropuerto de Barajas, posibilidad abierta recientemente por el Ministerio de Fomento.

Precisamente este jueves el Congreso pudo sortear una sentencia judicial que podría haber supuesto el cierre de Barajas, una posibilidad que, según recordó el titular de Fomento, José Blanco, habría supuesto "poner en jaque miles de empleos" y una infraestructura que aporta más de diez por ciento del PIB de la región.