Mª Carmen Cruz Martín | Miércoles 30 de diciembre de 2009
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, avanzó este miércoles que en enero el Consejo de Gobierno aprobará un decreto para modificar los procedimientos y criterios para el acceso a la justicia gratuita para limitar su acceso a las personas que acrediten insuficiencia de recursos.
Este cambio lo que pretende es evitar seguir pagando justicia gratuita en todos los ámbitos, sobre todo en lo que tiene que ver con la Ley de Extranjería y los delitos relacionados con la seguridad vial.
"La Comunidad de Madrid no puede seguir sufragando casi 50 millones de euros para algo para lo que no nos dotaron cuando se hicieron las transferencias del Estado a las comunidades en temas de justicia", aseguró este miércoles Aguirre durante las nuevas instalaciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Y es que para la jefa del Ejecutivo madrileño, "la justicia gratuita se ha desnaturalizado" y no se usa para el fin que está fijado por la ley, por lo que la inversión que ha de hacer la Comunidad en este aspecto ha aumentado en los últimos años.
De hecho, Aguirre recordó que precisamente este martes, el Consejo de Gobierno tuvo que aprobar una partida de 25 millones de euros para dos los próximos trimestres para sufragar la justicia gratuita en la región.
La presidenta apuntó como causas del incremento de los costes de la justicia gratuita a que ésta se confunde con el turno de oficio, a que se ha de facilitar a todos los inmigrantes que entran por Barajas y a todos los asuntos relacionados con infracciones de tráfico. "Estamos en crisis y no podemos sufragar esto", insistió.
En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, puntualizó que "solamente tendrán justicia gratuita aquellas personas que acrediten insuficiencia de ingresos como apunta la ley".
Además, insistió en que a partir de ahora "cada uno de los recursos de los abogados tendrán que acompañarse del correspondiente mandato del cliente, para acabar con que se pongan a recurrir por recurrir, cuando en muchos casos el cliente ya no está en España".
24 nuevos órganos judiciales
Por otro lado, este miércoles han entrado en funcionamiento 24 nuevos órganos judiciales. En total, son 15 nuevos juzgados en toda la región y nueve magistrados (cuatro en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM y cinco en la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial). Además, se han inaugurado 20 nuevas oficinas judiciales.
Entre los nuevos juzgados, Aguirre destacó la puesta en marcha de cuatro nuevos juzgados dedicados a Violencia de Género que estarán ubicados en Coslada, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Navalcarnero que junto los ya existentes eleva el número de juzgados de esta materia a 21.
"Se han invertido 300.000 euros para acabar con el déficit que hay en justicia en la región", explicó Aguirre. "Todo esto es un paso más para demostrar a los madrileños que la administración de justicia es esencial en un estado de derecho. La Comunidad hace cuanto está en su mano para que jueces y magistrados cuenten con más y mejores medios", añadió.
Por último, Aguirre recordó que en 2009 se han creado doce juzgados de apoyo y se han reforzado los juzgados de lo social. Y para 2010, el presupuesto para justicia se ha incrementado un cinco por ciento hasta alcanzar los 357,38 millones de euros. Además, en el primer trimestre del próximo año, se continuará con al reunificación de sedes judiciales en la plaza de los Cubos.
Crítica del PSOE
Ante este anuncio, el portavoz socialista en materia de Justicia en la Asamblea de Madrid, Javier Gómez, tachó de "dudosa constitucionalidad" la previsión de Aguirre de restrigir el acceso a la Justicia Gratuita a través de la aprobación de un Decreto que modifique los procedimientos para acceder a la misma. De este modo, cree que con este anuncio "Aguirre y Granados dan un paso más en su intención de desprestigiar al colectivo de abogados del turno de oficio".
En su opinión, Aguirre pretende limitar un derecho constitucional, como es el de acceso a la Justicia, "con el objetivo de machacar a un colectivo, el de los abogados del turno de oficio, que lleva más de un año enfrentado al Gobierno y que tanto Aguirre como Granados han tratado de desprestigiar".
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