La Comunidad de Madrid y la Fiscalía de Madrid firmaron este martes un acuerdo para redoblar los esfuerzos en la protección y asesoramiento a las víctimas de delitos.
A partir de ahora, los fiscales madrileños se incorporan al
servicio de asistencia integral a las víctimas de delitos penales que ya se presta en toda la red de Oficinas Judiciales de Madrid y en el Servicio de Atención a las Víctinmas adscrito al Decanato de los Juzgados de Madrid capital.
Así, las víctimas recibirán información sobre el proceso judicial, resoluciones que las afecten, las medidas de protección que necesiten o los derechos que les otorga el ordenamiento jurídico.
En este sentido, este convenio viene a paliar el hecho de que, tal y como recordó el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, aún no haya sido redactado un estatuto de la víctima en el ordenamiento procesal español. El convenio aborda la protección de las víctimas desde una perspectiva integral y abarca la asistencia jurídica, psicosocial, asistencial y de seguridad. De esta forma se tratará de evitar la "segunda victimización" que produce, según Moix, la desinformación y el sufrimiento psicológico durante los procesos jurídicos, que se suma al daño producido por el propio delito y "a veces produce efectos peores" que este-
Violencia machista
Aunque, tal y como recalcó la presidenta regional, Esperanza Aguirre, la iniciativa está dirigida a víctimas y testigos de todo tipo de delitos, tendrá "especial significación" en el caso de las víctimas de la violencia "ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo". Y ello porque, a juicio de la presidenta, "se sentirán más seguras" tanto para denunciar como para mantener su denuncia hasta el final.
Al término de la firma, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, dijo no compartir las declaraciones del juez Francisco Serrano de Sevilla, que en los últimos días ha tildado de "injusta" la Ley Integral contra la Violencia de Género. Granados dijo no compartir la opinión del magistrado porque, a su juicio, "el hecho de que haya denuncias falsas no invalida una ley que está ayudando a muchas mujeres".