MDO/E.P. | Jueves 03 de diciembre de 2009
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló la adjudicación del contrato de explotación de la plaza de toros de Las Ventas que la Comunidad hizo a la empresa Taurodelta y que fue recurrida por Toreart, encabezada por Simón Casas.
Los hechos se remontan a julio de 2006, cuando la compañía Toreart se presentó a un concurso público para la adjudicación del contrato de gestión para la cesión de la explotación de la plaza, una convocatoria a la que también concurrió Taurodelta y Tomás Entero S.L.
Taurodelta resultó finalmente adjudicataria del contrato al obtener 81,41 puntos frente a los 80,13 puntos de Toreart y a los 74,33 de Tomás Entero. Toreart no se mostró conforme con esta resolución y decidió recurrirla por la incorrecta puntuación en el número de festejos en plazas de segunda categoría, por la falta de experiencia de José Antonio Martínez Uganda (propietario de Taurodelta) y por la incorrecta valoración de las ofertas, entre otras razones.
La sentencia analiza el trabajo de Martínez Uganda en diversas plazas de toros y subraya que la oferta que presentó el empresario ofrece sus novilladas en domingo televisadas en horario de 20.30 horas mientras que Toreart "sólo ofrece una novillada en domingo y el resto están prevista para días laborales", que el tribunal considera que "son días de menor asistencia de público y de menor impacto taurino". Por razones como esta, el magistrado ha decidido desestimar el recurso interpuesto por Simón Casas en nombre de Toreart y decide confirmar la resolución de la Comunidad que se adoptó en el primer momento. Contra esta sentencia cabe recurso de casación.
Gestión del Canal de Isabel II
Por otra parte, la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico también ha recibido un fallo favorable a su gestión en el Canal de Isabel II. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, acordó el pasado 6 de octubre el archivo de las diligencias de investigación iniciadas tras una denuncia de la asociación de vecinos 'Parque sí en Chamberí' contra Ignacio González.
Los denunciantes entendían que la construcción por parte del Canal de Isabel II de nuevas zonas verdes y una zona deportiva en la superficie del tercer depósito podría constituir un delito contra la ordenación del territorio y un delito de sustracción de la cosa propia a su utilidad social.
Sin embargo, el fiscal admite en un decreto que los hechos denunciados "no son constitutivos de infracción penal de ningún tipo" y concreta que, en el caso del tráfico de influencias no hay "indicio o rastro alguno que permita la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar" por parte de González a la hora de tomar sus decisiones.
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