MDO | Sábado 28 de febrero de 2009
La facturación mensual que aprobó el Ministerio de Industria era de todo menos clara, se cobraba en base a estimaciones y no tenía en cuenta los valores sociales que antes sí contemplaba. Perjudicó a 400.000 hogares de la región.
Estas fueron las conclusiones del informe que el Consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, presentó en marzo al Consejo de Gobierno de la Comunidad como resultado del expediente que se abrió a las compañías eléctricas a principios del 2009, cuando se instauró la nueva fórmula. Según el mismo, la factura sólo benefició a las empresas perjudicando seriamente a los consumidores.
Las penalizaciones por consumo excesivo (los que superaron los 500 kilowatios por hora al mes) afectó a alrededor de 400.000 familias cuyas sanciones crecieron un 125 por ciento, según datos de las propias eléctricas. Esto provocó que si la subida que se anunció para la tarifa del 2009 -un 4 por ciento con carácter general- fue en realidad de un 80 por ciento para los consumidores. De ellos, sólo 4.000 familias se beneficiaron de la tarifa social que sustituye a la tarifa nocturna, a cuyos usuarios, que invirtieron 100 euros para cambiarse a la misma y ahorrar, le fueron devueltos esos importes por mediacion del Ejecutivo madrileño.
Reclamaciones a las compañías
Las 22 Oficinas Municipales de Información al Consumidor registraron, sólo en el mes de febrero, más de 1.200 reclamaciones a las compañías eléctricas por problemas de importes inusualmente elevados en las facturas y/o lecturas estimadas. La afluencia de ciudadanos que se presentaron en la OMIC Central se situó entre las 100 y 150 personas cada día. Desde primeros de febrero esta oficina atendió a más de 2.100 personas. De ellas, más de 1.600 acudieron a las dependencias municipales por la facturación eléctrica.
Según las estimaciones del Ayuntamiento, el perjuicio económico no superó, por término medio, la cifra de tres euros, salvo en el caso de familias con consumos extraordinariamente elevados, en las que los importes fueron superiores.
Finalmente la Comunidad envió en mayo una carta a todos los consumidores que habían presentado una reclamación en la que, además de comunicar que la empresa reclamada estaba procediendo a la revisión de la factura, se informaba de que la subida real de las tarifas eléctricas era del 21 por ciento frente al 4 por ciento anticipado por el Gobierno de España.
En la carta se explicaba que la legislación estatal que había entrado en vigor en 2009 introducía una serie de cambios y subidas de la energía eléctrica en varios conceptos que, debido a su complejidad, "está confundiendo a muchos consumidores". "La normativa aprobada por el Gobierno de España, permite incrementos que van desde el 5 por ciento al 25 por ciento dependiendo de los distintos conceptos que se facturan, además del consumo real", explicaron desde el Ayuntamiento.