El PP denuncia al alcalde de Leganés por prevaricación

El portavoz del Partido Popular de Leganés, Jesús Gómez, anunció este lunes que su Grupo presentará una denuncia contra el alcalde del municipio, Rafael Gómez Montoya (PSOE), y otros ocho miembros de la Junta de Gobierno local por aprobar, en noviembre de 2007, un gasto de 90.394 euros a una empresa en un procedimiento que careció de "expediente de contratación" y que contó con el informe desfavorable de la Intervención municipal.

El portavoz popular anunció que "pondrá en conocimiento de la Justicia" estos hechos para ver si este expediente podría sumarse al caso 'Cuadrifolio' y "abrir causa conjunta" por su similitud en materia de procedimiento. En este sentido, los populares aseguraron este lunes que el gasto de los 90.394 euros se tramitó a petición del propio alcalde como responsable de la Concejalía de Juventud por la contratación a la compañía 'Dardo' de la "producción de eventos programados" con motivo de la inauguración de los locales de ensayo en mayo de aquel año.

Según Gómez, esta nueva contratación se realizó sin llevar a cabo el "expediente de contratación previo", aunque admitió que existía la reserva de crédito. La aprobación del gasto se llevó a cabo en la Junta de Gobierno del 20 de noviembre de 2007, once días después de que la Interventora municipal, Teresa Pascual, emitiera un informe negativo. Los concejales escucharon este informe en la Junta de Gobierno, pero, aún así, aprobaron el gasto de "una cantidad respetable" que, según Gómez, debía haber llevado aparejado un "expediente de contratación completo".

Según el popular, al contar en esta ocasión la Junta de Gobierno con el informe escrito de la Intervención, los ediles presentes en la Junta (a excepción de una concejala que se ausentó) no podrán justificar que "no se les informó previamente de la irregularidad que cometían".

 Precisamente, a raíz de las últimas medidas del TSJM sobre el caso 'Cuadrifolio', el PP pidió este lunes la dimisión de Antonio García y de José Luis Pérez Ráez, ya que mantienen sus cargos públicos -como concejal en el Ayuntamiento y como parlamentario regional, respectivamente- a pesar de haber sido imputados. "Los dos fueron cooperadores necesarios", precisó Gómez.