La Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid seguirá aplicándose igual que hasta ahora. A pesar del fallo en su contra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gobierno regional ha decidido no cambiar el procedimiento por el que reconoce el derecho a recibir las ayudas. El PSOE lo tilda de "boicot" en contra de los madrileños.
En concreto, y según explicaron fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales a
Madridiario, la Comunidad recurre a la Ley de Medidas Liberalizadoras, de claro
carácter económico, para introducir una modificación. Ésta supone elevar a rango de ley la orden por la cual si la Comunidad no contesta a una petición de evaluación o ayudas en un plazo de seis meses, ésta
se considera denegada y no se reconoce derecho a prestación alguna. Por tanto en este aspecto no cambia nada. El Plan Individualizado de Atención (PIA), la petición de declaración y calificación del grado de minusvalía y la de la Renta Mínima de Inserción (RMI) se denegarán después de 3 meses sin respuesta.
La
sentencia del TSJM, nacida de un recurso de la
Plataforma por la Dependencia de Alcorcón, establecía precisamente eso, que la norma debía tener rango de ley. La Plataforma interpretaba después de este fallo que en adelante el silencio negativo de la Administración pasaba a ser positivo: si no contestaba en tiempo y forma (seis meses), cualquier persona que hubiera pedido las ayudas que contempla la Ley de Dependencia -económicas o funcionales o en forma de plazas en residencias-
tendría derecho a ellas aún no cumpliendo los requisitos necesarios. Los ciudadanos, recalaban, no podían ser las víctimas de la ineficacia en las tramitaciones o las comunicaciones. Muchos colectivos ya celebraban una
pronta agilización de sus trámites.
Pero el paso dado por el Gobierno de Esperanza Aguirre tira por tierra esta concepción. Lo que era una orden de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales pasa a ser ley dentro de la Ley de Medidas Liberalizadoras. Problema resuelto. Únicamente habrá silencio positivo para las autorizaciones de los
centros de servicios sociales y la acreditación de instituciones colaboradoras de
adopción internacional, ambas después de que pasen dos meses de plazo.
"Todas las trabas posibles"
Según explicaron desde la Consejería a este digital, la modificación realizada es totalmente acorde con la legislación nacional. De hecho, apuntaron, el silencio administrativo ya se utiliza "en otras ocho comunidades" y el Gobierno lo aplica en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla". Para el PSOE en cambio, que está trabajando en un nuevo protocolo que haga que no se tarde hasta
dos años en acceder al derecho a la dependencia, se trata de un "boicot" a su aplicación.
Como explica la diputada
Pilar Sánchez Acera en la entrevista concedida a
Madridiario, la ley es perfectamente "aplicable" en unos plazos cabales, pero el Gobierno de Esperanza Aguirre está poniendo "todas las trabas posibles". Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, asegura que esto es "indigno e inmoral" y exige a la presidenta que "
por humanidad" deje de negar las ayudas a los 80.000 ciudadanos que las han solicitado en Madrid.