La oposición se niega a dar carpetazo al capítulo Gürtel. En vista de las "trampas" y "trabas" que asegura le pone el Gobierno de la Comunidad para examinar los contratos que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó a la red corrupta, Izquierda Unida ha propuesto a la presidenta que acceda a practicar una auditoría interna en el seno de su Ejecutivo si es que de verdad quiere transparencia.
Inés Sabanés, portavoz de la coalición en la Asamblea de Madrid, lanzó el guante a Aguirre este jueves durante el pleno de la Cámara. "Sabemos tres cosas: que existió una
trama organizada para obtener contratos eludiendo controles y que lo consiguieron; que se ha perjudicado a la
Hacienda pública y que todo ha ocurrido a pesar de los
controles de la intervención, de la Cámara de cuentas y de los controles políticos, que no será porque no los hemos intentado. ¿Qué va a hacer además de esperar la siguiente andanada judicial?".
La propuesta pasa por hacer una auditoría interna de todos los contratos de
menos de 12.000 euros que las consejerías otorgaron sin concurso -según la investigación, se 'troceaban'
por iniciativa de Alberto López Viejo para no salir a licitación- a las empresas de Francisco Correa: Diseño Asimétrico o Easy Concept Comunicación como las principales y Good and Better, Servimadrid Integral o Marketing Quality Management, consideradas 'marcas blancas' de la presunta red de sobornos y adjudicaciones. Según la parte del sumario no secreta, el Gobierno adjudicó al menos
358 contratos por 3 millones de euros que, siendo formalmente legales, contendrían
partidas "infladas" -en colocación de stands, provisión de sillas o contratación de pantallas gigantes entre otras- de las cuales los implicados supuestamente sacaban tajada. IU asegura que hay más y exige también que la
Cámara de Cuentas fiscalice "específicamente" las adjudicaciones a estas empresas.
Pasaba "delante de sus narices"
Esperanza Aguirre ni recogió ni hizo mención de la petición de IU en su turno de réplica. "Nadie me ha pedido ninguno (los contratos).
Pidan los que quieran", respondió con sorna la dirigente. Pero la situación para PSOE e IU es de frustración: lejos de poder acceder a los documentos, reiteraron, la Comunidad los
oculta,
dilata su entrega al extremo e incluso el PP
vota contra la Mesa de la Asamblea cuando ésta acuerda aumentar el control que pueden ejercer sobre las contrataciones, como recalcó la socialista Maru Menéndez.
El vicepresidente
Ignacio González, al que la oposicion hizo comparecer como superior directo que fue en su día de López Viejo, calificó de mentiras las acusaciones de ocultación. Es más, subrayó, el Gobierno ya ha explicado una ventina de veces lo mismo: los contratos son legales, otra cosa es que "alguien, aprovechándose del procedimiento, se enriqueciera ilícitamente".
Adolfo Navarro (PSOE) y
Reyes Montiel (IU) exigieron al vicepresidente precisamente eso, responsabilidad y hasta su dimisión, si es que nadie vio "lo que pasaba delante de sus narices". "¿O es que nos lo hemos inventado nosotros?", apuntilló Montiel. El vicepresidente recurrió a la historia para contestar: "¿O es que era un chorizo el ministro del Interior (entonces Antono Asunción), un despistado, un connivente con
Roldán (Luis, ex director de la Guardia Civil fugado a Bangkok acusado e llevarse fondos de la institución)? No, el veía unos contratos legales y las obras en las casas cuartel se realizaban, pero el señor Roldán se lo llevaba" concluyó.