Pedro Fernández Vicente | Miércoles 11 de noviembre de 2009
La vida cotidiana es cambiante, muta de unas jornadas a otras. Cada día aparecen nuevas preguntas y respuestas que necesitan actuaciones diferentes. Acabo de leer que en las próximas elecciones municipales habrá candidaturas surgidas de la nueva situación española. Los inmigrantes quieren tomar posiciones de cara a la influencia en las administraciones, como corresponde a toda democracia. La España de 1976 no coincide exactamente con la de principios del siglo XXI. Las normas de convivencia necesitan adecuarse a la población y a la nueva situación.
La ley electoral creada en los primeros momentos de la democracia necesita adaptarse a estos nuevos tiempos. La presencia de estas fuerzas políticas de inspiración religiosa cuestionan nuestras formas y nuestras costumbres. Es un buen momento para hacer una reflexión sobre la norma que regula las convocatorias electorales. Los ciudadanos estamos cada vez más necesitados de que la Ley electoral respete a todos por igual o, al menos, más igual que en estos momentos. Podemos aprovechar la confluencia de tantas necesidades distintas para redactar un texto nuevo que responda más objetivamente a un electorado harto de las desigualdades que se producen elección tras elección.
Con motivo de la presentación de los presupuestos generales para 2010 escuchaba al portavoz del PNV, Josu Erkoreka, justificar su apoyo a las cuentas del Estado presentadas por el gobierno y me sorprendió su relato, no porque no lo supiera, porque a estas alturas todos sabemos el significado de los nacionalismos y el desequilibrio que provocan respecto a las demás comunidades, sino por la sinceridad con que lo hizo. Erkoreka argumentó que para él lo único importante es el beneficio que pudiera sacar de todo esto para el País Vasco y que el resto, no recuerdo sus palabras exactas, pero dejó entrever con más o menos claridad que le importábamos poco y, en cualquier caso, era de segundo nivel. Más claro imposible.
Y es verdad. Los nacionalistas en el Congreso de los Diputados sólo han de responder ante su electorado y su electorado es un grupo más o menos grande pero con representación únicamente en una comunidad autónoma. ¿Esto no desvirtúa la verdadera razón de la representación en el Estado? Porque, veamos: el PNV obtuvo muy poco más de 300.000 votos en las pasadas elecciones y sin embargo condiciona mucho más que los 900.000 votos, largos, de IU-ICV. Los votantes del PNV, además, influyen mucho más siendo, como son, de una misma zona de España, que los de IU-ICV que representan a todo el estado.
El PNV tiene una fuerza de seis diputados con 300.000 votos, mientras IU-ICV sólo disfruta de dos a pesar de haber recibido el apoyo de más de 900.000 ciudadanos, repartidos por toda la geografía española. Algo funciona mal y hay que arreglarlo, porque esto no suena bien. Porque sepamos esto desde hace tiempo, no lo hace más justo. Además es conveniente evitar que la llegada de nuevas fuerzas políticas, aprovechando estos desajustes, saquen partido y los desequilibrios se acentúen.
Muchos ciudadanos de todas las comunidades se plantean con bastante frecuencia si es legítimo que un grupo como puede ser CC o el propio PNV condicione las cuentas o cualquier otra norma que afecta sin excepción a los que habitamos en la totalidad de las Comunidades Autónomas, simplemente porque a los votantes de un grupo político, sea el que fuere, y de una sola comunidad, les interese más o menos ésta o aquella postura política. Aprovechemos la llegada de nuevas formaciones para dar una repuesta adecuada a un sistema que tiene que ser democrático. No vaya a resultar que unos pocos, sean de donde sean, nos organicen la vida al resto de los ciudadanos.
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