Celia G. Naranjo | Viernes 06 de noviembre de 2009
En Madrid se pierden 11,5 millones de jornadas laborales al año por incapacidad temporal de los trabajadores. Para atajar los posibles fraudes, Gobierno y Comunidad han firmado un convenio que vigilará más de cerca las bajas de corta duración.
No hay datos sobre los costes que suponen las bajas fraudulentas para las arcas públicas y para las empresas. Aun así, la Seguridad Social tiene claro que la lucha contra las 'bajas falsas' es necesaria para que el dinero de los ciudadanos se destine a donde se tiene que destinar, es decir, a los trabajadores que realmente lo necesitan. Así lo indicó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, durante la firma del convenio con el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, para mejorar la gestión de las incapacidades temporales de los trabajadores.
La Seguridad Social destinará 4.750.000 euros a este fin, cuyos partes de alta y baja expiden los médicos madrileños. En virtud del convenio, la Consejería de Sanidad destinará parte del dinero a incentivar a los profesionales, pero también a mejorar los sistemas de comunicación con otras instituciones para gestionar las bajas de forma más eficaz. Y todo ello para hacer un seguimiento de las bajas de los trabajadores madrileños, en especial las más cortas (de menos de 20 días), pues es en este ámbito donde se puede defraudar con más facilidad.
Más de un millón de bajas en un año
El objetivo, pues, consiste en "distinguir el grano de la paja", según Granado. En 2008 se tramitaron 1.184.448 bajas por enfermedad o accidente en la Comunidad de Madrid, que supusieron un gasto de 1.060,4 millones de euros para la Seguridad Social.
También se estudiará la incidencia de las bajas en los empleados sanitarios de la Comunidad. Un sector en el que, según explicó Güemes, se observa un mayor absentismo laboral, con una media de 18 días anuales de ausencia por trabajador (frente a la media madrileña, que es de 9,39 días). El consejero recordó que la Comunidad ya ha creado una unidad de intervención rápida para atajar los fraudes con la mayor celeridad posible.