La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consideró en un auto que hay "indicios" suficientes para procesar por presunta prevaricación al ex alcalde de Leganés y actual diputado por el Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Luis Pérez Ráez, así como a cinco ex concejales del municipio, por aprobar un gasto de 101.478 euros sin seguir presuntamente los procedimientos adecuados en la última Junta de Gobierno de la pasada legislatura.
Según informaron fuentes del PP, personadas en la causa, el Tribunal determinó que "prosiga el actual procedimiento", lo que "equivale -según el portavoz popular, Jesús Gómez- a un auto de procesamiento". La sala insta, además, a las partes a que elaboren un escrito de acusación "para ir a un juicio oral".
Tras
tomar declaración a Pérez Ráez el pasado 30 de septiembre, el Tribunal argumenta en sus fundamentos que se debe investigar si se pudo cometer un presunto delito de prevaricación en este caso al aprobar la Junta de Gobierno el pago a la empresa 'Cuadrifolio' por la instalación de unas carpas en el proyecto 'Leganés Ciudad Digital' presuntamente "sin seguir la tramitación habitual".
El portavoz de los populares aseguró este jueves que el auto demuestra que "nadie está por encima de la ley" y que los imputados "tendrán que comparecer por una operación irregular". El pasado 30 de septiembre y 1 de octubre, el ex primer edil y sus cinco ex colaboradores comparecieron como imputados para defender la legalidad del procedimiento al argumentar que la Junta realizó simplemente un "reconocimiento de gasto normal" y no una contratación.
Además, ante el Tribunal, aseguraron que ni la Intervención municipal ni el Secretario del Ayuntamiento informaron negativamente sobre el procedimiento. Sin embargo, según la documentación aportada por el Partido Popular, el informe de la Interventora del Ayuntamiento, Teresa Pascual, sobre el abono de la cantidad advertía de que este acuerdo incurrió "en nulidad de pleno derecho", ya que no se cumplieron condicionantes como la "reserva de crédito" o el "expediente de contratación".
La Interventora informó de esta situación a la Junta primero de manera oral y, posteriormente, el 23 de mayo, con la elaboración del mismo informe por escrito, según la documentación que aportó sobre este caso el Partido Popular.
Los otros cinco ex concejales implicados en el proceso son Mariano Maroto (ex edil de Obras), Florencio Izquierdo (Urbanismo), Yolanda Sevilla (Empleo), Francisco Arroyo (Medio Ambiente) y María Rita Salina (Cultura).
Sin paralelismos
Sin embargo, fuentes municipales aseguraron este jueves que el TSJM continuará con el proceso a Pérez Ráez al apreciar sólo "la adopción de un acuerdo administrativo de carácter irregular".
Así, en este sentido, "en ningún caso se puede establecer paralelismo alguno entre esta supuesta irregularidad en un acuerdo administrativo con los casos de corrupción, dada la tendencia habitual a establecer comparativas que, en este caso, resultarían tremendamente injustas y desproporcionadas", añadieron estas mismas fuentes.
El Gobierno municipal recordó que la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción rechazó en su día el caso al estimar que "los hechos a los que se refería la denuncia, por su naturaleza y alcance, resultaban ajenos a sus competencias".