Mª Carmen Cruz Martín | Viernes 23 de octubre de 2009
La Comunidad de Madrid rescindirá el contrato que hasta ahora mantenía con la empresa Ero & Staff, que gestiona el seguimiento de las pulseras antimaltrato, por apreciar "mal funcionamiento" a la hora de controlar que los condenados por violencia de género con medidas de alejamiento no se acerquen al perímetro establecido de su víctima.
El consejero de Presidencia Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, explicó que la rescisión del contrato se debe a "una serie de irregularidades" en el funcionamiento de los brazaletes. Así, recordó que la Administración regional, la Policía y la Judicatura fijaron en su momento un protocolo de actuación.
"Se ha producido una denuncia en la Fiscalía de Madrid y, como consecuencia de ella, abrió unas diligencias que inmediatamente puso en conocimiento de la Comunidad de Madrid, que también abrió un expediente sobre este asunto a la empresa. Y, como consecuencia de ese expediente hay un informe que aconseja la rescisión del contrato", señaló.
De hecho, el pasado mes de septiembre, la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia en los juzgados contra varios trabajadores de la empresa encargada de gestionar este servicio y contra cuatro hombres que presuntamente habrían quebrado sus órdenes de alejamiento pese a ser controlados por GPS. La denuncia se interpuso después de una de las empleadas del servicio afirmara que uno de los compañeros permitió a una de las personas con brazalete saltarse la orden de alejamiento
Por otro lado, el consejero aseguró que el Gobierno central ha puesto en marcha un programa de brazaletes antimaltrato con una tecnología igual o similar a la utilizada por el Ejecutivo regional, poniendo a disposición de las comunidades autónomas ese tipo de dispositivos, "por lo que entendemos que es mejor que haya un sistema homogéneo y que sea el Ministerio de Igualdad el que se haga cargo de estos dispositivos también en la región", advirtió Granados.
Según explicó, los brazaletes antimaltrato y su control son competencia del Gobierno central y "funcionarán mucho mejor si es homogéneo el sistema para todas las mujeres en la región, porque se podría dar la paradoja que hubiera mujeres controladas y vigiladas por un sistema y otras por otro".