MDO/E.P. | Jueves 22 de octubre de 2009
La Comunidad rescindirá el contrato con la empresa Ero &Staff, que hace el seguimiento de los brazaletes 'antimaltrato', y devolverá la gestión del servicio al Gobierno central, según el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
"El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a proceder a resolver el contrato y a devolver ese servicio a quien tiene que prestarlo que es el Gobierno de España", avanzó Granados durante una comparecencia en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde afirmó esperar que "de manera inmediata, como hace en otras comunidades autónomas, (el Estado) asuma el servicio".
"La Comunidad de Madrid ha hecho lo que está en su mano, ha abierto el expediente en cuanto ha tenido noticias de que se ha producido la irregularidad, ha dado audiencia a todo el mundo, ha preguntado a la Fiscalía, ha llamado a la empresa, ha entrevistado a los trabajadores y ha actuado de manera inmediata con la emisión de un informe por parte de los servicios jurídicos", explicó Granados respecto a la actuación de la Comunidad con la empresa Ero & Staff, que gestiona el seguimiento de las pulseras antimaltrato.
Supuestas irregularidades
Granados explicó que la Comunidad de Madrid recibió el 17 de septiembre un escrito de la Fiscalía en que se comunicaban unas supuestas irregularidades en el servicio prestado por parte de la empresa que realiza el seguimiento de las pulseras y que ese mismo día la Comunidad inició una investigación en el aspecto administrativo y contractual y la Dirección General de Justicia requirió por escrito a la empresa que compareciera en la Dirección.
Asimismo, el mismo día 17 fue el propio Granados el que se dirigió a la Fiscalía solicitándole la concreción de las actuaciones irregulares que "al parecer se estaban produciendo" y al día siguiente se citó a la empresa a la que se requirió la información a la que hacía referencia la Fiscalía, explicó el consejero.
Posteriormente, se reclamó la transcripción de las cintas y los expedientes requeridos por la Fiscalía y el 29 de septiembre se pidió la comparecencia de los trabajadores y representantes de la sociedad relacionados en el escrito que la Fiscalía había enviado el días 18. El día 30 comparecieron de nuevo los trabajadores, explicó el consejero.
Granados continuó explicando que el expediente se remitió a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que emitan el informe correspondiente y que ayer estos emitieron un informe en el que dicen que "de acuerdo con lo anterior se observa que existen motivos suficientes para iniciar un procedimiento de resolución del contrato".
En este momento, hay 186 brazaletes activos en la región, señaló el consejero durante su intervención en Vallecas.