MDO/E.P. | Viernes 16 de octubre de 2009
El grupo municipal socialista de Madrid cifra en unos 300 millones de euros el perjuicio económico que genera a los madrileños la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado, que fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, explicó que esos 300 millones proceden de los más de 100 del canon pagado por las empresas concesionarias del servicio y de los más de 200 acumulados con las tarjetas de residentes, las sanciones impuestas y los tickets de los parquímetros.
Lucas, que calificó la ampliación de "arbitraria", insistió varias veces en que la sentencia del TSJM, que ratifica la anterior del Juzgado Contencioso-Administrativo número 26, "declara nula la ampliación de las zonas 4, 5 y 6, es decir, que nunca existió, no que las haya anulado".
Según el edil esto tiene consecuencias directas en los posibles recursos que la ciudadanía puede presentar porque están en posición de reclamar por cantidades "indebidamente cobradas" desde 2006, cuando se aprobó la ampliación, hasta diciembre de 2008, el momento en el que el Gobierno introdujo una disposición adicional a una ordenanza fiscal, recurrida por los colectivos antiparquímetros.
Informe jurídico
El grupo socialista adelantó una serie de baterías que pondrá en marcha tras conocer el fallo, no recurrible, del TSJM. En primer lugar, habrá una proposición en el próximo Pleno para que se deje de aplicar el SER en las zonas 4, 5 y 6, así como una petición de responsabilidades. También se elaborará un informe jurídico para conocer la situación de los contratos con las empresas concesionarias del servicio y la necesidad de que el Ayuntamiento habilite los mecanismos necesarios para que los vecinos puedan reclamar. En este sentido se comprometieron a establecer mecanismos de ayuda a través de su página web (www.psoemadrid.org) y de las agrupaciones de los distritos afectados.
Por su parte, el portavoz socialista de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Manuel García-Hierro, opinó que si el Gobierno municipal no acata la sentencia del TSJM incurriría "en un delito que se llama desacato". Valoró que el Gobierno municipal se ha refugiado en la excusa que dio en la primera anulación cuando se dijo que la sentencia era recurrible y explicó que es falso que se haya cumplido con este primer fallo del tribunal mediante la modificación de las ordenanzas fiscales porque sólo se introdujo en la ordenanza una disposición adicional. "Eso es ilegal" y "no se ha cumplido la sentencia, por lo que tienen que llevar al pleno la modificación de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico de la ciudad", aseveró.