Los presidentes de la Cámara de Comercio de Madrid y de CEIM, Salvador Santos Campano y Arturo Fernández, respectivamente, mostraron este jueves su plena satisfacción por el nuevo paquete de medidas económicas. El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó este jueves un proyecto de ley con estas medidas.
Santos Campano añadió que con la propuesta se pretende reducir los más de 50 trámites que actualmente se exigen a los emprendedores a sólo uno. Además expresó que gracias a la nueva ley anticrisis, las empresas de hostelería de la región podrán ahorrarse una tramitación que, a veces, se dilata hasta seis meses. "El Gobierno regional fue pionero en tomar medidas el año pasado ante los primeros síntomas de dificultad en la financiación de las empresas", explicó.
Desde CEIM también se ha valorado positivamente. La Confederación Empresarial comunicó que la nueva ley "impulsará un marco más favorable" para la economía y con ello se crearán nuevos puestos de trabajo, según afirmó el presidente de CEIM, Arturo Fernández.
Fernández aseguró que las medidas anunciadas por el Ejecutivo madrileño serán muy "beneficiosas", ya que permitirán "eliminar las barreras que dificultan la libre prestación de servicios y, además, evitará a los empresarios demoras y costes innecesarios". Esta agilización administrativa será mas acusada, según el presidente de los empresarios madrileños, en los sectores "básicos" para la economía regional, como el comercio y el turismo.
Medidas liberalizadoras
La nueva Ley de Apoyo a la Empresa Madrileña que el Ejecutivo regional prevé poner en marcha se fundamenta en una serie de medidas liberalizadoras que faciliten la creación y desarrollo de las empresas de los sectores turístico, comercial, industrial y energético, así como el empleo.
Se trata de "potenciar el desarrollo de los sectores estratégicos en la creación de riqueza de la economía madrileña, partiendo de la simplificación de sus trámites y gestiones con la Administración autonómica", explicó Campano.
De este modo se resolverá en un plazo máximo de dos meses trámites como las autorizaciones para la puesta en marcha de ópticas y secciones de óptica en oficinas de farmacia, o los permisos para el inicio del funcionamiento de centros de acción social y servicios sociales. En estos casos, una vez superado el plazo máximo, el silencio administrativo por parte de la Comunidad pasará de ser negativo a positivo, aseveró.
Menos procedimientos
También apuntó que "se reducirán a la mitad los procedimientos que particulares y empresas realizan con la Administración regional a la hora de iniciar su nuevo negocio o al tratar de ampliarlo". Este hecho fue considerado por Campano como "un avance ejemplar".
Hasta el momento, los centros comerciales que operan en la región necesitaban la concesión de dos licencias para la apertura o la ampliación de sus establecimientos: la del Ayuntamiento en el que van a desarrollar su actividad y la de la Comunidad de Madrid. Ahora, con la nueva ley se suprimirá la petición de autorización a la Administración autonómica y, una vez conseguida la licencia municipal, se tendrá que enviar un informe preceptivo a la Comunidad de Madrid para que quede constancia del trámite, explicó.