La oposición se opone porque perjudicará más a las pymes
Ángel Calleja | Jueves 15 de octubre de 2009
Madrid avanza hacia la liberalización total. El Gobierno de Esperanza Aguirre tiene lista una nueva ley que eliminará las tasas y dobles permisos al comercio, el turismo, el mercado industrial y el energético con la supresión o modificación de 70 normas autonómicas todo ello con un objetivo: facilitar la creación de empresas, de empleo y, por tanto, de la riqueza.
La que se llamará Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña no es otra cosa que una transposición obligada de la conocida como Directiva Europea de Servicios, de obligado cumplimiento antes de finales de noviembre de 2009 en toda Europa. Eso sí, la ley regional será completamente de máximos. Por ello ya no será necesaria la licencia de la Comunidad para abrir negocios, sino una comunicación "de compromiso" de que se cuenta con las autorizaciones municipales necesarias. Si el Ejecutivo no responde en un plazo determinado, este silencio pasará de ser negativo (denegación) a positivo (concesión).
En la práctica, la Ley supondrá, por ejemplo, que un gran centro comercial no necesitará permiso regional para instalación o ampliación y se reducirán a dos meses como máximo los trámites para poner en marcha una empresa. Para negocios como las ópticas, los centros de atención social o las empresas de servicio sociales el plazo medio de puesta en marcha será de 2 meses. Respecto a los colegios profesionales, se podrán crear sólo con existir titulación oficial (aunque no sea universitaria) y se establece expresamente que no será necesario colegiarse para ejercer.
Competencia con otra Comunidades
A partir de su aprobación, los hoteleros podrán abrir sus negocios sin la autorización de clasificación, sustituido por una 'declaración responsable' o comunicación de apertura. Las agencias de viajes no necesitarán licencia. La creación de establecimientos turísticos (hoteles, hostales, casas rurales) se hará a toda velocidad y a cambio la Comunidad potenciará las inspecciones "a posteriori". Los bares y restaurantes de hoteles también podrán tener acceso directo desde la calle -aunque en la práctica muchos de ellos ya servían al público general a través de terrazas o permitiendo la entrada- y poner terrazas. Ahora bien, la competencia aumentará dado que al tiempo que se procede a eliminar el mínimo de distancia de 10 kilómetros entre gasolineras en las carreteras, las estaciones de servicio de la periferia de las ciudades podrán acoger establecimientos de hostelería y hospedaje.
Respecto a las empresas y profesionales dedicados a la reparación, mantenimiento e instalación relacionados con la industria y la energía que vengan de otras Comunidades, no tendrán que registrarse en la Comunidad ni renovar su inscripción en el registro cada cuatro años. Los electricistas, gasistas, personal de mantenimiento de ascensores, climatización o frigoríficos no necesitarán licencia, y este es uno de los puntos calientes de la nueva legislación. La normativa de Madrid es totalmente de máximos, lo que facilitará según el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, que se creen "20.000 puestos de trabajo, impulsar 6 décimas el crecimiento del PIB y aumentar la renta per cápita de los madrileños, es decir, crear riqueza". Si otras comunidades no son igual de aperturistas en la transposición de la ley europea, Madrid atraerá a sus inversores. González rechazó que ello pueda crear conflictos con Castilla-León o Castilla-La Mancha, pero recalcó que cada uno decidirá cómo debe adaptar la ley.
¿Y el pequeño comercio?
La liberalización va a suponer modificar 17 leyes, 34 decretos y reglamentos y 26 ordenes autonómicas que afectan a casi todos servicios, y además se recomendará a los ayuntamientos que hagan lo mismo. Ignacio González aseguró que lo que la Comunidad pierda en recaudación por tasas lo ganará en creación de riqueza y empleo, pero Izquierda Unida ya se opone frontalmente a esta nueva actuación. Inés Sabanés, portavoz en la Asamblea, censuró que "una vez más" sólo se va a beneficiar a las grandes superficies que crean un gran perjuicio al pequeño comercio, del que señaló su cruda situación después del anterior decreto a de liberalización de horarios. Según González, será al contrario: se beneficiarán porque podrán empezar a trabajar antes y con un coste económico menor.
En la misma línea de Izquierda Unida, el sindicato UGT considera que la Ley "de la forma que está planteada ahora mismo" no sólo no resultará beneficiosa para las pymes, sino que "se van a dar abusos por parte de las empresas más grandes". Un control sobre el crecimiento de las grandes superficies que también pide CCOO "para que no se produzca un volumen enorme de grandes superficies en unas zonas y en otras se deje desabastecida a la ciudadanía", aunque se mostró de acuerdo con otras medidas contempladas en la Ley, especialmente aquellas que pretenden eliminar trabas a los empresarios.
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